En una escena que resume años de dolor y búsqueda de verdad, una madre y su hija abrazaron en Medellín al teniente retirado que ordenó asesinar al esposo y padre que les fue arrebatado hace dos décadas. Rosalba Angélica Quintero de Giraldo y Yésica Natalia Giraldo Marín se acercaron a Andrés Mauricio Rosero Bravo durante la audiencia de la JEP el pasado jueves para decirle, literalmente abrazadas, que lo perdonaban. El militar, arrodillado y llorando, recibió ese gesto después de que saliera a la luz toda la verdad sobre la muerte de John Darío Giraldo Quintero.

Lo que pasó el 6 de septiembre de 2003 en Cocorná fue brutal. John Darío fue señalado por un informante conocido como "La Pacho" y perseguido por integrantes del Batallón de Artillería No. 4. Según lo relatado en la diligencia, lo hirieron de bala en la cabeza, lo obligaron a caminar durante horas por la vereda El Jordán y finalmente lo asesinaron. Luego, su cuerpo fue reportado como el de un supuesto guerrillero muerto en combate, cuando en realidad era un civil ejecutado sin razón alguna.

Yésica, quien tenía apenas cuatro años cuando perdió a su padre, recordó durante la audiencia que junto a su hermana de dos años les robaron la posibilidad de crecer juntas a él. A pesar del dolor que carga, reconoció el valor de los comparecientes por asumir su responsabilidad y por permitirles conocer finalmente qué había sucedido. "este es un momento que necesitábamos para poder sanar", aseguró junto a su madre en medio del emotivo abrazo. Para ellas, la verdad era lo único que pedían después de décadas de incertidumbre.

Este caso no fue el único en la audiencia. En total, se trataron nueve hechos ocurridos entre 2002 y 2004 en San Luis, Cocorná y Granada, en los que participaron otros exintegrantes de las Fuerzas Militares. De esos hechos resultaron 19 víctimas fatales.

Sin embargo, detrás de esta audiencia de reparación existe una sombra inquietante. Recientemente, la Revista Semana publicó una investigación revelando que militares que han comparecido ante la JEP y reconocido su responsabilidad en falsos positivos estarían siendo objeto de presiones, amenazas y hasta ofrecimientos de dinero para que cambien sus versiones y protejan a los altos mandos. Según esa investigación, habría una presunta "operación mordaza" para evitar que la verdad completa sobre estos crímenes salga a la luz.

Un caso específico mencionado es el de un exsoldado que declaró participar en al menos 20 homicidios en la región Caribe. Según su relato, actuaba bajo órdenes de superiores que medían resultados operacionales por número de bajas. Tras comparecer ante la JEP, asegura haber recibido una oferta cercana a los 20 millones de pesos para guardar silencio y asumir la responsabilidad individual de los hechos, sin involucrare a sus comandantes.