En Cereté, Córdoba, el presidente Gustavo Petro firmó hoy la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria, una norma que transforma la forma en que el país resuelve los conflictos por tierra en el campo. El mandatario fue claro en su intención: reemplazar la violencia rural por la justicia institucional. "Hay que completar una legislación para hacer la paz que está en favor del campesinado de Colombia que cuando haya conflictos entre el grande y el pequeño no sea el machete sangriento no sea la sierra eléctrica el camino de la solución que sean los jueces, que sean los magistrados, que se la justicia que dirima el conflicto. Firmamos esa ley", expresó Petro durante el acto.

La nueva legislación representa un cambio profundo en la administración de justicia rural. Crea tribunales y juzgados agrarios especializados cuyo propósito es atender de manera exclusiva los conflictos relacionados con tierra, derechos campesinos y territorios rurales. Estos organismos no solo buscan resolver disputas con mayor eficiencia, sino también garantizar que la justicia llegue hasta las poblaciones más distantes y vulnerables. Los tribunales funcionarán como órganos de decisión en casos complejos, mientras que los juzgados locales serán la puerta de entrada para comunidades campesinas, indígenas y demás pobladores del sector rural.

Petro enfatizó que esta ley cumple una deuda histórica del Estado con el sector agrario, una deuda que ha generado décadas de conflictividad. La norma modifica la Ley 270 de 1996 de administración de justicia e incluye la participación de equipos técnicos interdisciplinarios que fortalecerán las decisiones judiciales considerando la diversidad cultural, étnica y social de quienes viven en territorios rurales.

Durante el mismo acto en Córdoba, el gobierno anunció la entrega de 3.600 hectáreas a familias campesinas damnificadas del departamento. Estas tierras provienen de fuentes como el Fondo de Reparación a Víctimas, la Sociedad de Activos Especiales y adquisiciones directas. Algunos predios fueron recuperados por el Estado tras haber permanecido durante años en manos de exjefes paramilitares. Los beneficiarios incluyen organizaciones campesinas, asociaciones productivas y comunidades étnicas como el Resguardo Indígena Zenú, distribuidas en municipios como Planeta Rica, Sahagún, Buenavista, Montería, Cereté, San José de Uré y Puerto Libertador.

Además, Petro ordenó el inicio de la demolición de jarillones en la ciénaga Grande del Bajo Sinú, una medida que busca detener el ciclo de inundaciones que ha afectado históricamente a las comunidades de la región. Con estas acciones simultáneas, el gobierno intenta dar respuesta integral a problemas estructurales del campo colombiano: la falta de justicia especializada, el acceso a la tierra y la vulnerabilidad ante desastres ambientales.