La violencia en Colombia sigue siendo una realidad cotidiana que contradice el discurso oficial sobre la paz total. A pesar de los anuncios gubernamentales, la Defensoría del Pueblo continúa documentando desplazamientos forzados y confinamientos que afectan a miles de personas cada mes. En enero recién pasado, la situación fue clara: 3.409 personas fueron desplazadas en 12 eventos masivos y otras 17.651 quedaron atrapadas en sus territorios sin poder salir por culpa de amenazas y presencia de grupos armados.

A primera vista, estas cifras parecen menores que las del mismo mes del año anterior. La explicación está en un evento excepcional que marcó enero de 2025: el enfrentamiento entre disidencias de las Farc y el ELN en la región del Catatumbo provocó el desplazamiento de más de 50 mil personas en un solo episodio. Pero no hay que dejarse engañar por la comparación. La Defensoría subraya que "llama la atención sobre las dinámicas de movilidad humana que tuvieron lugar en enero del 2026, la mayoría de ellas asociadas a los efectos derivados del conflicto armado interno", sostiene el documento.

El panorama es particularmente grave en el Cauca, que se ha consolidado como el epicentro del drama humanitario con 1.250 personas desplazadas y el segundo lugar en confinamientos. Junto a este departamento, Caquetá, Norte de Santander y Antioquia concentran la mayoría de los casos. En estas zonas, los ciudadanos enfrentan combates frecuentes, disputas territoriales entre grupos armados y restricciones que los dejan sin acceso a alimentos, servicios de salud ni educación.

A la crisis de desplazamiento y confinamiento se suma otra presión: la migración. Según Migración Colombia, más de 10 mil personas, principalmente venezolanas, transitaron por el país en enero, mientras que casi mil cruzaron desde Panamá por el Darién hacia Acandí en Chocó. Este flujo inverso agrava la carga sobre municipios que ya están colapsados por la falta de recursos.

Aquí está el problema más urgente: la Defensoría advierte que alcaldías y gobernaciones simplemente no tienen la capacidad de atender simultáneamente a población desplazada, confinada y migrante. Por eso exige al Gobierno nacional un cambio de estrategia. No basta con medidas temporales. Se necesitan "asignaciones financieras y logísticas extraordinarias que sean sostenibles en el tiempo", enfatiza la entidad. La atención debe enfocarse especialmente en niños, mujeres, adultos mayores y comunidades étnicas, que son quienes más sufren estas crisis.

La Defensoría también insta a los entes territoriales a implementar acciones de prevención y respuesta real en el terreno, que eviten que la violencia siga interrumpiendo procesos básicos como la educación o la atención psicosocial. La conclusión es simple pero preocupante: aunque enero de 2026 no fue tan catastrófico como enero de 2025, la violencia, el confinamiento y la presión migratoria siguen afectando a miles de colombianos en distintas regiones. La crisis humanitaria no ha desaparecido. Solo ha tomado formas diferentes.