Colombia enfrenta un problema que no se detiene. Entre 2015 y 2025, 22.697 menores de edad fueron víctimas de Explotación Sexual Comercial (ESCNNA). Eso significa casi cinco casos cada día durante una década. Son los números que acaba de presentar el DANE a través de estadísticas experimentales divulgadas el 16 de abril, basadas en información del Sistema Penal Oral Acusatorio de la Fiscalía.

Este es el primer ejercicio de medición oficial que hace el país sobre el fenómeno, siguiendo metodologías que ya usan naciones como Estados Unidos, España y México. Aunque las cifras son provisionales y pueden actualizarse, los expertos subrayan que reflejan un alto subregistro, principalmente porque muchos casos nunca se denuncian. Desde el ICBF consideran este trabajo como un paso institucional crucial para entender el problema, identificar qué lo causa y tomar decisiones públicas informadas.

Las cinco ciudades donde más ocurre son Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena e Ibagué, que juntas concentran el 48 por ciento de todos los reportes. A nivel departamental, Bogotá lidera con 5.609 casos, seguida por Antioquia con 4.553, Valle del Cauca con 1.874, Santander con 1.079 y Cundinamarca con 1.010. Los años no pintan un cuadro de mejoría. En 2015 había 1.635 víctimas, bajó un poco en 2016 a 1.459, pero desde 2018 los reportes superaron los 2.000 anuales. El pico más alto fue en 2021 con 2.544 víctimas. En 2024 se registraron 2.121 y en 2025 van 2.093, números que sugieren que el problema se mantiene estable, no disminuye.

Lo más duro es quién sufre. De las 22.697 víctimas, 18.577 fueron mujeres (81,84 por ciento), especialmente adolescentes entre 14 y 17 años. También hay 3.432 víctimas masculinas en esos mismos rangos de edad. Detrás de estas cifras hay miedo, amenazas, dependencia económica y desconfianza en las instituciones. Para un menor de edad, estos obstáculos son casi insalvables porque hay relaciones de poder muy desiguales.

El delito más reportado es la producción y distribución de material de abuso sexual infantil, con 12.074 casos. Le sigue la demanda de explotación sexual de menores con 2.926 y la inducción a la explotación con 1.625. El informe identifica 37 conductas penales vinculadas a esto. Al mismo tiempo, se han investigado a 18.883 personas, mayormente hombres entre 27 y 59 años, aunque también hay 4.043 mujeres involucradas.

Los expertos lanzan un mensaje claro: esto no va a mejorar solo. La normalización de ciertas violencias, las fallas en cómo se comunican entre sí las instituciones y el miedo de las víctimas a denunciar siguen siendo murallas muy altas. El llamado es a fortalecer la prevención, mejorar cómo se recoge información y crear entornos verdaderamente seguros donde niñas, niños y adolescentes puedan denunciar sin temor y tener sus derechos protegidos de verdad.