Colombia se prepara para un cambio importante en sus dinámicas laborales. A partir del 25 de junio de 2026, la Ley 2466 de 2025 comienza a aplicarse y cambiará la forma en que las grandes empresas contratan. La nueva normativa establece que cualquier compañía con más de 100 trabajadores debe vincular personas con discapacidad en su nómina, con una cuota mínima de dos empleados por cada 100 colaboradores. No es solo una obligación legal: el gobierno diseñó incentivos económicos para que las empresas vean esto como una oportunidad de negocio, no como una carga.

Los beneficios fiscales son relevantes. Las empresas podrán deducir el 200% del valor de salarios y prestaciones sociales que paguen a personas con discapacidad del impuesto de renta durante el periodo gravable respectivo. Para un empresario, esto significa que por cada peso que invierte en este tipo de contratación, puede restar dos pesos de lo que debe pagar en impuestos. Además, obtendrán una reducción del 50% en la cuota obligatoria de aprendices, acceso prioritario a contratos de compras públicas (donde el estado invierte dinero) y reconocimiento en programas de responsabilidad social corporativa. En resumen: el gobierno les está pagando, en términos de impuestos, para que lo hagan.

¿Pero tiene sentido desde el punto de vista empresarial puro? Según un estudio de Accenture, empresas que emplean activamente personas con discapacidad registran 1,6 veces más ingresos, el doble de beneficios económicos y 2,6 veces más ingresos netos que sus competidoras menos inclusivas. La inclusión laboral no solo responde a una exigencia normativa: también "fortalece la innovación, mejora el clima laboral y construye una cultura basada en respeto", según el informe.

Sin embargo, la transición no será automática. Todavía existen barreras importantes: desconocimiento sobre qué es realmente una discapacidad, falta de información sobre la ley, prejuicios persistentes y, en muchos casos, pura inexperiencia operativa. Carolina Reina, coordinadora de Empleo y Capacitación de Compensar, subraya que "es indispensable que los equipos de talento humano cuenten con formación en inclusión laboral y discapacidad", porque la preparación deficiente genera dificultades en la evaluación de capacidades, adaptación de puestos de trabajo y permanencia de los colaboradores.

Algunas instituciones ya avanzan en este camino. La Agencia de Empleo de Compensar ha acompañado empresas en rutas de inclusión laboral que han permitido más de 1.300 colocaciones de personas con discapacidad. Estos procesos requieren trabajo a largo plazo: diagnósticos organizacionales, adaptación de espacios, identificación de puestos inclusivos y sensibilización de líderes.

La ley que entra en vigencia en junio abre entonces un escenario nuevo. Las obligaciones legales, combinadas con incentivos tributarios reales, plantean una oportunidad concreta para que la inclusión deje de ser un pendiente de responsabilidad social y se convierta en una práctica empresarial rentable. El reto ahora es que las empresas entiendan que el dinero que inviertan en inclusión laboral les volverá, multiplicado, en forma de impuestos reducidos, ingresos mayores y equipos de trabajo más fuertes.