La brecha entre el Gobierno y el sector empresarial se profundiza. Natalia Gutiérrez, quien encabeza tanto la Asociación Colombiana de Generadores de Energía como el Consejo Gremial que reúne a los grandes empresarios del país, salió a cuestionar de frente las medidas de emergencia anunciadas por el presidente Gustavo Petro. El punto de quiebre: la presidenta asegura que el Gobierno afirma haber consultado con empresas, pero eso no ocurrió.

"No es cierto que haya existido un espacio real de diálogo técnico para discutir propuestas que permitieran atender la emergencia con responsabilidad y equilibrio. No hubo discusión previa ni memoria económica suficiente que justificara los montos fijados", señaló Gutiérrez en su mensaje divulgado el 26 de febrero.

Pero el desacuerdo va más allá del proceso: Gutiérrez cuestiona la dirección misma de la solución. Propone que antes de pedirle más dinero al sector privado, el Gobierno debería revisar cómo está gastando su propio presupuesto. Los números que presenta son contundentes. Según auditorías independientes citadas por medios, los contratos por prestación de servicios crecieron de 12,1 billones de pesos en 2022 a 19,3 billones en 2025, un aumento de 7,2 billones en apenas tres años. Solo entre enero y finales de mes de este año, el Gobierno ya había contratado servicios por cerca de 5,1 billones de pesos.

El presupuesto total para 2026 es de 546,9 billones de pesos, y aquí viene lo preocupante para los empresarios: el gasto de funcionamiento (lo que la administración pública necesita para mantener su operación diaria) representa el 66 por ciento del total y ha crecido más del 25 por ciento en los últimos años. Gutiérrez propone una solución que suena simple pero que el Gobierno considera complicada: "Antes de imponer nuevos gravámenes, un ajuste del 10 por ciento al gasto de funcionamiento no comprometido liberaría recursos significativos para atender la emergencia plenamente sin afectar inversión ni competitividad".

Para el empresariado, esto no es un capricho: es una estrategia de supervivencia económica. Si el Gobierno cobra más impuestos, las empresas invertirán menos, contratarán menos personas y crearán menos empleos. "La solución no es concentrar todas las cargas en quienes generan empleo e inversión", dice Gutiérrez. En su lugar, propone "una gestión pública eficiente: optimizar el uso de recursos disponibles, activar instrumentos ordinarios de atención de desastres, gestionar cooperación internacional".

Hay otro aspecto que molesta a los empresarios: el uso de decretos de emergencia. Gutiérrez advierte que Colombia ha enfrentado crisis antes "sin desbordar el marco constitucional ni debilitar la separación de poderes" y alerta contra "normalizar un esquema en el que cada crisis se traduzca en la expansión permanente de facultades excepcionales". En otras palabras: no podemos acostumbrarnos a que cada emergencia permita al Gobierno saltarse los trámites legislativos normales.

El mensaje final de Gutiérrez deja una puerta abierta pero también un ultimátum. "Estamos dispuestos al diálogo y a construir soluciones responsables, pero no apoyaremos medidas que generen nuevas cargas, incertidumbre o desequilibrios que agraven la situación económica y social del país". Los empresarios están dispuestos a conversar, pero no a pagar la factura de una emergencia que, a su juicio, podría resolverse sin nuevos gravámenes si el Gobierno aprieta primero su propio presupuesto.