La guerra comercial entre Colombia y Ecuador ya tiene víctimas que no están negociando en mesas de gobierno: son los empresarios, trabajadores y consumidores de ambos países. Esta semana, la Andi y el Comité Empresarial Ecuatoriano levantaron la voz para advertir que los aranceles ecuatorianos del 50 por ciento a productos colombianos no van a resolver nada, solo van a crear más problemas económicos.

La situación es complicada porque, aunque la seguridad en la frontera es un tema válido que ambos gobiernos deben atender, no se puede resolver golpeando el comercio. Es como si por tener un problema de plomería en la casa, decidieras romper toda la estructura. Los empresarios lo explican así: "Consideramos imprescindible resguardar la estabilidad económica y la integración productiva como pilares para el bienestar de las poblaciones de ambos países". En otras palabras, no se puede sacrificar años de relaciones comerciales mutualmente beneficiosas por una disputa que tiene raíces en otro lado.

Lo preocupante es que esto ya está causando daños reales. Los flujos comerciales se están desmoronando y si Ecuador sigue subiendo aranceles, los efectos van a llegar directamente al bolsillo de la gente: menos empleos en fábricas, menos inversión, menos consumo. Las cadenas de valor regionales (esas redes que conectan proveedores, fabricantes y distribuidores entre países) son como un ecosistema delicado. Cuando una parte se daña, todo el sistema tambalea.

Colombia tiene una posición incómoda. Vende más a Ecuador de lo que compra, así que una escalada arancelaria la afecta especialmente a ella. La ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, confirmó que el país está analizando también aumentar sus aranceles hasta el 50 por ciento, pero aclaró que "jamás cerraremos la oportunidad del diálogo". Esto suena prudente en el papel, pero la realidad es que cada paso represalia torna más difícil dar marcha atrás.

Los empresarios piden que se hable antes de que sea demasiado tarde. Insisten en que hay herramientas técnicas y productivas para encontrar soluciones que no pasen por destrozar lo que se ha construido durante años. La advertencia es clara: el costo de esta escalada lo van a pagar trabajadores sin culpa, pequeños negocios que dependen del comercio bilateral, y familias que simplemente quieren que su país tenga estabilidad económica. La pregunta que flotaba en el aire era si los gobiernos escucharían antes de que la factura fuera demasiado cara.