En un frente empresarial sin precedentes, los principales gremios económicos de Colombia y Ecuador se unieron para exigir a sus gobiernos que detengan de inmediato las medidas arancelarias y restricciones comerciales que, aseguran, están destrozando años de integración binacional. Los líderes se dieron cita simultáneamente en Bogotá y Quito para enviar un mensaje claro: las diferencias políticas no pueden resolverse sacrificando el trabajo y la producción de millones de ciudadanos.

Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, fue directo en su diagnóstico. Afirmó que "el trabajo que se ha venido realizando por tantos años entre Ecuador y Colombia es quizá el proceso de integración económica más profundo que hay en toda Latinoamérica", y adicionó: "Cuando una integración como la nuestra se pone en peligro, se pone en peligro el consumidor, la capacidad productiva y el trabajo de los trabajadores de las dos naciones". Alrededor de 5.000 empresas colombianas importan o exportan hacia Ecuador, mientras que en el país vecino son aproximadamente 7.600 compañías las que dependen del comercio con Colombia. Muchas de estas firmas destinan más del 70 por ciento de su producción a ese mercado.

La realidad de los números es brutal. Entre el 1 y el 21 de febrero, las importaciones desde Colombia hacia Ecuador cayeron 69 por ciento en valor y 61 por ciento en cantidad de operaciones. En Ecuador ya se han perdido 200.000 empleos directamente relacionados con esta cadena comercial, mientras que en Colombia, departamentos como Nariño han visto caer sus ventas más del 60 por ciento. El contrabando en la frontera ha explotado: registra un incremento del 72 por ciento, aprovechando que los productos ilegales ahora resultan más económicos que los importados legalmente. María Paz Jervis, presidenta ejecutiva de la Cámara de Industria y Producción de Ecuador, lo expresó así: "Por cada dólar de recaudación se pierden seis dólares de importaciones formales". El impacto en la economía ecuatoriana podría representar al menos un punto del PIB, afectando a 2.000 empresas directamente y a 200.000 empleos asociados a la cadena de producción, transporte y logística.

Los gremios calculan que el impacto inicial de esta escalada representa 35 millones de dólares mensuales en pérdidas. Si los aranceles llegan al 50 por ciento, la sangría económica podría alcanzar 75 millones de dólares al mes. Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, recordó que "detrás de los 2.200 millones de dólares de la balanza comercial hay rostros, hay familias que están sufriendo las consecuencias de esta escalada". Las pequeñas y medianas empresas, que representan el 99,7 por ciento del tejido empresarial colombiano y generan más del 80 por ciento del empleo formal, están en la mira. Entre el 65 y el 75 por ciento de las empresas exportadoras a Ecuador corre riesgo de desaparecer.

Los empresarios fueron enfáticos en respaldar las medidas contra la criminalidad y la inseguridad, pero insistieron en que los aranceles no son la herramienta correcta. Javier Díaz, de la Analdex, fue claro: "Los dos países nos estamos maltratando al restringir el comercio formal y legal. Solo estamos beneficiando a la ilegalidad". Mac Master cerró con una advertencia que resumió el sentir del bloque: "No pongan a los trabajadores como carta de negociación". El mensaje final fue contundente: de no revertirse esta situación, las consecuencias trascienden lo económico y se convertirán en una crisis social de gran magnitud que afectará a miles de familias colombianas y ecuatorianas que dependen del comercio bilateral.