El sector empresarial colombiano mantiene una posición incómoda en estos días de crisis climática. Por un lado, dice respaldar la solidaridad con los departamentos afectados por el invierno y reconoce que el Estado debe actuar rápido. Pero por otro lado, el Consejo Gremial Nacional levanta la mano para advertir algo que considera grave: que el Gobierno está usando la emergencia como puerta trasera para cambios que van mucho más allá de atender el desastre.

La preocupación central es sencilla de traducir: cuando una compañía multinacional o un inversionista colombiano piensa dónde poner su dinero, necesita saber que las reglas van a mantenerse estables. Si hoy el Ejecutivo puede cambiar impuestos, crear nuevas cargas tributarias sobre ingresos brutos o reformar leyes agrarias simplemente porque hay una emergencia declarada, entonces nadie sabe qué sorpresas vendrán mañana. Eso es riesgo país. Y el riesgo país alto significa que los inversionistas exigen más garantías antes de soltar plata, o directamente la invierten en otros lugares.

El Consejo Gremial cuestiona específicamente que se estén introduciendo "modificaciones estructurales en ámbitos tributarios, ambientales, financieros, operativos y sectoriales" usando la emergencia invernal como justificación. Argumenta que estas decisiones "desbordan el ámbito propio del proceso legislativo ordinario" y exceden lo que la Constitución, en su artículo 215, permite durante estados de excepción. En otras palabras: hay cosas que solo puede cambiar el Congreso de manera normal y abierta, no el Presidente de manera acelerada con el argumento de que hay una calamidad.

La organización empresarial insiste en que principios como "la seguridad jurídica, la separación de poderes y la confianza legítima son pilares del orden constitucional y del desarrollo económico". Traducido: si un inversionista no puede confiar en que sus compromisos contractuales seguirán siendo válidos, o que las regulaciones que hoy rigen su sector pueden cambiar radicalmente bajo pretexto de emergencia, simplemente no invierte aquí. Pide además que el Gobierno comparta de forma transparente cuál es el costo real estimado de la emergencia, para que se sepa exactamente qué tanto dinero se necesita realmente gastar en atenderla.

El punto de fondo es que el sector privado teme haber visto un precedente peligroso. Si una emergencia invernal justifica reformas tributarias o regulatorias profundas, entonces cada crisis futura podría abrir la puerta a cambios similares sin debate parlamentario. Eso, dice el Consejo Gremial, "constituyen un precedente institucional de máxima gravedad y pueden afectar la percepción de riesgo país". En lenguaje de inversión, eso significa dinero que se va a otros países y crédito más caro para las empresas que se quedan.