La economía colombiana y ecuatoriana se encuentran al borde de una crisis mutua. Así lo denunciaron este lunes los principales gremios empresariales de ambos países, que pidieron a sus gobiernos detener inmediatamente la escalada de medidas comerciales que lleva semanas generando tensiones. Bruce Mac Master, presidente de la Andi, fue enfático: la integración económica entre Colombia y Ecuador "es quizá el trabajo de integración económico más profundo que hay en toda Latinoamérica" y hoy se encuentra "gravemente en peligro".

Lo que está en juego es nada menos que una relación comercial de casi US$2.800 millones anuales y la operación de más de 2.500 empresas colombianas que han construido sus negocios sobre la base de vender en el mercado ecuatoriano. Para hacerlo más concreto: hay compañías colombianas cuyo 70% de la producción se destina a Ecuador. Empresas que, literalmente, dependen de este mercado para existir.

El problema no es nuevo, pero se intensificó desde finales de enero cuando ambos gobiernos comenzaron a imponer aranceles y sobretasas. Mac Master alertó que ningún producto puede soportar incrementos de costos del 30% o 50% sin colapsar. Cuando esto ocurre, las empresas pierden competitividad y desaparecen del mercado. El ejecutivo fue claro en su diagnóstico: "Cuando se afecta una integración de este nivel se está poniendo en peligro el consumidor, pero también la capacidad productiva y el trabajo de los trabajadores y de los empleados de las dos naciones".

Lo particular de esta crisis es que los empresarios de ambos lados reconocen que hay problemas de seguridad en la frontera que requieren solución, pero cuestionan por qué se resuelven mediante la guerra comercial. Mac Master lo planteó de forma directa: "La solicitud es a que se suspenda la guerra comercial y que se sienten a conversar de los temas de seguridad con toda la profundidad a que haya lugar". Es decir, que los gobiernos usen los canales diplomáticos y de seguridad para negociar, no que cierren fronteras comerciales.

Las pequeñas y medianas empresas son las más golpeadas. María Elena Ospina, presidenta de Acopi, explicó que entre el 65% y 75% de las empresas exportadoras a Ecuador son Mipymes, el grupo que genera más del 80% del empleo formal en Colombia. Estas compañías ahora enfrentan el riesgo de desaparecer o de ver cómo sus inventarios quedan represados en las aduanas. En la frontera, los números hablan por sí solos: el contrabando en Nariño se dispara mientras las ventas minoristas caen más del 60%.

Javier Díaz, presidente de Analdex, advirtió algo crucial: cuando se bloquea el comercio formal y legal, solo se beneficia la ilegalidad. "Los dos países nos estamos maltratando, dañando en su aparato económico al restringir el comercio formal y legal, solamente estamos beneficiando a la ilegalidad", señaló. Los empresarios están pidiendo que se constituya una mesa de trabajo que permita diseñar soluciones reales a los problemas de seguridad.

El llamado empresarial es claro: proteger un proceso de integración que tomó años construir no es cuestión de ideología ni de complacencia. Es pura economía. Detrás de esos US$2.800 millones hay inversiones, empleos reales y familias que dependen de que estos dos países logren resolver sus diferencias en el ámbito que corresponde, sin sacrificar la estabilidad económica que ambas naciones necesitan.