El Ejército de Liberación Nacional sacudió a la región del Catatumbo al reconocer públicamente que fue responsable de la muerte de Freiman David Velásquez, un conocido líder social de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat), junto con dos agentes de la Unidad Nacional de Protección que lo custodiaban. El incidente ocurrió el pasado 19 de mayo en un retén improvisado en la vereda Oropoma del municipio de Ábrego, dejando un saldo de seis personas muertas y un combatiente herido.

Según el relato del ELN divulgado a través de redes sociales, sus unidades detuvieron una camioneta negra sin identificación que, afirmaban, transportaba miembros del Frente 33, una estructura disidente de las Farc. La guerrilla sostuvo que cuando intentó realizar el control, los ocupantes del vehículo descendieron armados, lo que generó un intercambio de fuego. Sin embargo, el grupo reconoció que entre los fallecidos estaban Freiman David Velásquez, el líder social; Robinson Carvajalino y Sebastián Murillo, los dos escoltas de la UNP; y Yidy Smith Velásquez Benítez, a quien el ELN identificó como parte de la estructura logística del Frente 33. A pesar de esta admisión, la organización no identificó a estos civiles como combatientes enemigos, sino como víctimas del enfrentamiento.

Lo preocupante es que Freiman David Velásquez ya había sobrevivido a otro atentado el año anterior. Su trabajo en defensa de los derechos de los campesinos de la zona lo había convertido en un blanco vulnerable en medio de la disputa por el territorio que enfrenta al ELN contra las disidencias.

En su comunicado, el ELN justificó la instalación del retén como un mecanismo para controlar los movimientos de las disidencias en la zona, pero mantuvó su línea tradicional: no ofreció disculpas por lo ocurrido e insistió en culpar al Estado por la situación de violencia que se vive en el Catatumbo. La organización guerrillera argumentó que su acción era defensiva contra los movimientos del Frente 33.

La violencia en la región ha ido escalando. La Defensoría del Pueblo ya había emitido una alerta temprana sobre el conflicto entre el ELN y las disidencias del Frente 33, que desde el 2025 se disputan el control territorial en una amplia zona del Catatumbo. Los combates entre estas dos estructuras han dejado un rastro de sangre que afecta especialmente a civiles y líderes sociales que quedan atrapados en el fuego cruzado.