Las empresas generadoras de electricidad en Colombia enfrentan una doble carga tributaria. El Gobierno acaba de crear dos impuestos adicionales que, según los cálculos del sector, significarán desembolsos cercanos a 330 mil millones de pesos durante los próximos seis meses.

El primero es un impuesto al patrimonio del 0,5% sobre los activos que tengan estas compañías en 2025. El segundo es más específico: un aporte ambiental extraordinario del 2% sobre las ventas brutas. Este segundo gravamen aplica solo a las generadoras hidroeléctricas y térmicas que operan en cuencas afectadas por la crisis invernal, especialmente en departamentos como Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. Con este cambio, las plantas hidroeléctricas pasarán de contribuir con el 6% de sus ventas a un 8%, mientras que las plantas térmicas aumentarán de 4% a 6%. Son dos puntos porcentuales adicionales sobre lo que ya venían pagando.

La pregunta del millón es si esto termina en tu recibo de energía. Alejandro Castañeda, presidente de Andeg (la asociación que agrupa a estos generadores), ha sido claro: "Con este tipo de decisiones el mensaje para las empresas es que no inviertan". Según sus cálculos, el aumento en transferencias ambientales representaría alrededor de 70 mil millones de pesos, mientras que el impuesto patrimonial sumaría unos 260 mil millones. Castañeda reconoce que existe una emergencia real por las lluvias, pero cuestiona si estos impuestos son la medida más proporcional, especialmente cuando la Contraloría General ha advertido que hay cerca de 2,6 billones de pesos sin ejecutar en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, recursos que podrían destinarse a la emergencia.

Lo que preocupa al sector va más allá de los números. Desde Acolgen (la otra asociación de generadores) advierten que este cambio en el flujo de recursos podría afectar cómo se operan los embalses del país. Natalia Gutiérrez, presidenta del gremio, señaló que esto "podría tener efectos estructurales sobre la operación del sistema eléctrico, incluyendo una eventual intervención en el manejo de los embalses". En otras palabras, los generadores temen que el Gobierno termine tomando decisiones sobre qué hacer con el agua que alimenta las represas, cuando esas decisiones deberían ser técnicas y operativas.

El sector energético ya viene cargando con impuestos altos. Castañeda subraya que las medidas recaen nuevamente sobre sectores como el minero-energético, que enfrentan cargas tributarias elevadas. Con la formación bruta de capital (inversión nueva) en Colombia en uno de sus niveles más bajos en décadas, el sector teme que estas decisiones ahuyenten inversores cuando más se necesita que las empresas fortalezcan la infraestructura energética del país.