En las afueras de la clínica Medical, en Bogotá, los pacientes salieron desorientados. Nadie les explicó qué pasaba, pero adentro no había quien los atendiera. La razón es brutal y simple: las EPS no han mandado la plata para que las clínicas y hospitales funcionen. Y este no es un problema de una sola institución. A mediados de mayo, la Liga Colombiana Contra el Cáncer tuvo que cerrar una de sus sedes en la capital, y días antes, el Instituto Nacional de Cancerología apenas logró un acuerdo de emergencia con Nueva EPS para no dejar botados a sus pacientes. Los cierres y suspensiones de servicios se multiplican como una epidemia silenciosa.

Cuando periodistas le preguntaron al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, por qué las aseguradoras no pagaban, su respuesta fue una ironía helada: "que tengan un buen día". Alguien le retrucó: "Los que no tienen un buen día son los pacientes, ministro". La respuesta fue el silencio y las puertas del ascensor cerrándose. Es el síntoma de una negligencia que permea todo el gobierno frente a lo que especialistas llaman una "asfixia financiera" del sistema.

Las cifras hablan por sí solas. La Liga Contra el Cáncer tiene una cartera de 4 mil millones de pesos sin pagar, concentrada en Sanitas y Famisanar. Medical suspendió servicios en varias sedes bogotanas y cerró áreas críticas como la Unidad de Cuidado Intensivo y diálisis en su sede de Kennedy. El Instituto Nacional de Cancerología acumula una deuda que superó los 146 mil millones de pesos. El panorama es aún más oscuro si se mira la tendencia: esa deuda pasó de poco más de 36 mil millones en 2024 a más de 136 mil millones en febrero de 2026. Es un crecimiento que acelera hacia el precipicio.

Mientras tanto, los pacientes pagan el costo. En el Hospital del Chocó, una mujer estaba acostada en una camilla en un pasillo, sostenida por una escalerita porque no hay camas. Su sobrina contaba el calvario: "La camilla estaba sostenida por una de esas escaleritas. Mi prima tenía que estar pendiente de sostenerla cada vez que mi tía intentaba moverse, porque si se giraba sin cuidado, la camilla podía volcarse". En la Clínica Juan N. Corpas, 573 trabajadores llevan cuatro meses sin cobrar. En Antioquia, 37 hospitales públicos han restringido o pausado servicios. La Clínica Liga Contra el Cáncer atiende a 4 mil pacientes oncológicos que ahora quedan a la deriva. Pacientes con cáncer interrumpiendo quimioterapia, enfermos renales perdiendo sesiones de diálisis, cirugías reprogramadas indefinidamente. Como dijo Álvaro Puerto, vocero de la ONG CEXPES: "En estas patologías el tiempo es vida".

Puerto explica que el problema viene advertido desde hace tres años. Las propias EPS intervenidas por el Estado reconocen que sus giros mensuales no alcanzan para pagar el 100 por ciento de lo que clínicas y hospitales facturan. Y esto toca a más de 23 millones de afiliados. La Contraloría General documentó un crecimiento del 30 por ciento en la cartera en apenas nueve meses entre 2024 y septiembre de 2025.

Pero hay esperanza en la colectividad. Más de 30 organizaciones del sector salud, históricamente divididas, se sentaron en la misma mesa y produjeron "Consensos para el Futuro del Sector Salud", un documento que será presentado a candidatos presidenciales. Las propuestas son claras: inyectar recursos de inmediato, establecer reglas transparentes para pagar a prestadores en EPS intervenidas, proteger tratamientos de alta complejidad y cambiar el modelo hacia un pago por resultados en lugar de por cantidad de servicios. Puerto es claro: "La bola de nieve aún se puede detener, pero el tiempo es ahora".

Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia hizo su propio llamado. Su presidente, Iván Mauricio Lenis, advirtió que el sistema está llevando a miles de ciudadanos a interponer tutelas para conseguir medicamentos y cirugías que deberían ser garantizados de manera automática. "No deberíamos volver al pasado en el que para acceder a un servicio se requería una tutela", afirmó. E insistió: el acceso a la salud no puede seguir siendo rehén de discusiones políticas. "Lo que tiene que hacer todo gobierno, y en cabeza el ministerio, es garantizarle a la población un efectivo acceso al servicio de salud". El mensaje es un regaño institucional que refleja la magnitud de la crisis. Colombia enfrenta un sistema que se cae a pedazos mientras sus gestores miran para otro lado.