La defensora del pueblo Iris Marín no dejó dudas: lo que el Ejército de Liberación Nacional anunció como un "juicio revolucionario" contra funcionarios secuestrados en Arauca es, simplemente, inadmisible. Con palabras firmes, la funcionaria rechazó el comunicado del Frente de Guerra Oriental del ELN en el que aseguran haber condenado a cuatro uniformados, dos agentes del CTI y dos policías de la DIJIN, a permanecer en lo que llaman "prisión revolucionaria" durante varios años.

Para Marín, el punto es cristalino: ningún grupo armado ilegal tiene la potestad de montar un show judicial para justificar el secuestro de personas. "El hecho de que hagan una especie de juicio no valida esta privación de la libertad", sostuvo la defensora, recordando que conforme al derecho internacional humanitario, la retención de rehenes está prohibida sin excepción. Los funcionarios llevan casi un año en poder de la guerrilla, y cada día que pasa sin su liberación es un acto ilegal e ilegítimo que debe cesar de inmediato e incondicionalmente.

Pero Marín no solo criticó lo evidente. También apuntó hacia el Gobierno, pidiendo que fortalezca el acompañamiento a las familias de los secuestrados. "Hemos escuchado el clamor de las familias, pero sienten que no ha habido suficiente acompañamiento", dijo, reconociendo el dolor silencioso de quienes esperan noticias de sus seres queridos sin sentir el respaldo institucional que merecen durante esta pesadilla.

La defensora advirtió que el ELN está intentando darle una "apariencia de legalidad" a lo que sigue siendo un crimen. "La toma de rehenes y la privación arbitraria de la libertad son ilegales e ilegítimas", enfatizó. Mientras tanto, desde distintos sectores crece la preocupación de que este tipo de discursos, si no se confrontan con claridad, terminen normalizando los secuestros prolongados y poniendo condiciones a futuras negociaciones humanitarias.