La tarde del sábado 25 de abril quedará marcada en la memoria de Colombia. Un grupo de campesinas, varias de ellas indígenas, regresaban a sus casas después de una jornada de trabajo en una chiva conducida por José Ciro Puliche. Entre ellas había mujeres de 26 a 78 años. Entonces cayó del cielo un cilindro bomba. No hubo avisos. No hubo combate que precediera el ataque. Solo la explosión que partió la tarde en dos y dejó un saldo oficial de 14 muertos y 38 heridos, cinco de ellos menores de edad. Fue la masacre civil más mortal en más de una década, desde que el país comenzó a contabilizar estos episodios con criterios estandarizados.

Lo que pasó en Cajibío no fue casualidad. Detrás estaba el Estado Mayor Central (EMC) de Iván Mordisco, específicamente la columna Jaime Martínez, con una estrategia deliberada de mostrar poder. Al elegir la vía Panamericana, arteria vial fundamental del suroccidente, y atacar un bus de civiles en medio del tráfico, el grupo armado envió un mensaje claro: la fuerza pública no puede garantizar seguridad ni en los corredores estratégicos. Todo esto fue parte de 26 acciones criminales perpetradas en solo 48 horas entre Cauca y Valle del Cauca, incluyendo ataques con drones explosivos contra un radar de la Aeronáutica Civil y bombardeos a batallones en Cali y Palmira. Según fuentes militares, los guerrilleros instalaron bloqueos en la vía para asegurar que el tráfico se concentrara exactamente en el punto del impacto, maximizando así el número de víctimas civiles.

Pero Cajibío no es un hecho aislado. Es la punta visible de un iceberg sangriento. Entre enero y abril de 2026, Colombia ha registrado 48 masacres con al menos 229 víctimas mortales, según el informe más reciente de Indepaz. Este cuatrimestre es el más violento desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, superando incluso los peores momentos de gobiernos anteriores. Lo más grave es que mientras algunos indicadores como la reducción de homicidios individuales sugerían una tendencia positiva, la violencia colectiva —la que mata en grupo, la que siembra terror en las comunidades— ha resurgido con ferocidad. Departamentos como La Guajira, Nariño, Putumayo y Antioquia se suman al Cauca como territorios donde el Estado cede terreno frente a economías ilegales y disputas armadas.

El impacto político de esta masacre transcendió las fronteras. A miles de kilómetros, en la Plaza de San Pedro, el Papa León XIV interrumpió su agenda durante la Audiencia General del miércoles para dedicar un mensaje en español a Colombia. "Con dolor y preocupación he tenido noticia de la trágica situación que aflige la región suroeste de Colombia, que ha causado graves pérdidas de vidas humanas", declaró el Pontífice, exhortando a todos los colombianos a "rechazar cualquier forma de violencia y optar decididamente por el camino de la paz". Esta intervención no fue un gesto meramente pastoral. En un país profundamente religioso como el nuestro, la voz del líder de la Iglesia Católica tiene peso político directo. Se suma al llamado del obispo de Quibdó, monseñor Wiston Mosquera Moreno, quien sentenció: "Colombia ya no aguanta más derramamiento de sangre de inocentes". Estas voces desde la cristiandad hacen eco que el sistema político colombiano difícilmente podrá ignorar.

El atentado ha reconfigurado el tablero electoral a poco más de un mes de las presidenciales del 31 de mayo. Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático y oriunda del Cauca, exigió de inmediato la suspensión de la política de "paz total" y el retorno a una ofensiva militar contundente. El gobierno de Gustavo Petro enfrenta una encrucijada: si endurece la acción militar, traiciona la promesa de diálogo que lo llevó a la presidencia; si mantiene la apuesta por la negociación, puede ser percibido como débil. El presidente redoblló la apuesta retórica: calificó a los autores como "terroristas, fascistas y narcotraficantes" y anunció que solicitará ante la Corte Penal Internacional una acusación formal contra los líderes del EMC. También ordenó a la Unidad de Información y Análisis Financiero perseguir las finanzas del grupo. Sin embargo, para los analistas, estos anuncios chocan con una realidad en el terreno: las disputas por rutas de narcotráfico hacia Buenaventura, las economías ilegales de minería y la débil presencia estatal en vastas zonas no se resuelven con declaraciones, por firmes que sean.

Lo más inquietante del modus operandi del EMC es la deliberada violación del Derecho Internacional Humanitario. Reportes del Ministerio de Defensa indican que en ataques contra objetivos militares en Cali y Palmira utilizaron buses de servicio escolar —vehículos protegidos por ley— para transportar explosivos. Esta práctica instrumentaliza la infraestructura civil y viola flagrantemente el derecho internacional. El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, exigió "acciones contundentes, sostenidas y eficaces" y advirtió que la crisis no se resolverá mientras persista la fragmentación institucional, pidiendo "presencia urgente del Ministerio de Defensa desde el Cauca".

El enorme cráter que la explosión dejó en la vía Panamericana es una metáfora precisa del estado actual de Colombia: un país donde las fisuras institucionales son tan profundas como los surcos que abren los explosivos en el asfalto. Lo ocurrido en Cajibío confirma que la antigua guerra nunca terminó. Mientras el Vaticano reza, la ONU condena y los políticos buscan capitalizar el dolor, las familias de las 14 víctimas esperan algo mucho más difícil de conseguir que un titular: una respuesta del Estado a la altura de la tragedia. Colombia tiene ahora 48 masacres en el cuerpo en lo que va de 2026.