Actriz Yeimy Vargas enfrenta cargos por falsificar título y apropiarse de recursos públicos
La Fiscalía imputó cargos a la exreina de belleza y actriz Yeimi Paola Vargas Gómez el 30 de abril por presentar un título falso en actuación y teatro para conseguir un contrato con el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena. Según la investigación, el documento falsificado le permitió acceder a una mejor categoría salarial y presuntamente se apropió de 8.647.500 pesos. La actriz rechazó los cargos en la audiencia realizada en la Seccional Bolívar.
Los problemas legales de la exreina de belleza y actriz Yeimi Paola Vargas Gómez se intensificaron esta semana cuando la Fiscalía General de la Nación le imputó formalmente cargos por dos delitos graves: falsificación de documentos y apropiación de recursos públicos. La audiencia se llevó a cabo el jueves 30 de abril ante la Seccional Bolívar de la entidad acusadora.
La Fiscalía sostiene que Vargas Gómez presentó un título falso de técnica laboral en actuación y teatro cuando se registró en la plataforma Secop II para participar en una convocatoria del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC). Ese documento presuntamente expedido por un instituto de Bucaramanga no era auténtico, pero permitió que la actriz cumpliera con los requisitos exigidos por la entidad y accediera a una categoría más alta en la tabla de honorarios como contratista.
Con base en esa credencial falsificada, Vargas Gómez suscribió un contrato con el IPCC en marzo de 2025 por nueve meses y un valor de 55 millones de pesos. El convenio fue liquidado de mutuo acuerdo en agosto del mismo año. Sin embargo, la Fiscalía calcula que gracias a la irregularidad en el título, la exreina se apropió indebidamente de 8.647.500 pesos que no le correspondían.
Las sospechas sobre la autenticidad del documento surgieron cuando se detectaron inconsistencias claras en su estructura. Los investigadores encontraron diferencias en la tipografía del nombre de Vargas Gómez dentro del documento, ausencia de registros en las bases de datos del instituto que supuestamente lo había expedido y discrepancias significativas con los formatos oficiales que realmente utiliza la institución educativa.
Durante la audiencia de imputación, la procesada no aceptó los cargos que le formuló la Fiscalía, lo que significa que el caso continuará su curso en el sistema judicial colombiano.
Fuente original: Diario del Norte

