El Pacto Histórico llegó a las elecciones del Senado con una expectativa modesta: mantener los 20 escaños que había conquistado en 2022. La sorpresa fue mayor. Con 25 curules, el partido del presidente Gustavo Petro alcanzó el 25 por ciento de las votaciones en la corporación, un resultado casi sin precedentes en la historia electoral colombiana. Solo el Partido Liberal en 1974 había superado este número con 66 senadores de los 114 que existían entonces. A pesar del logro electoral, algunos en redes han afirmado que consiguieron dos curules más, aunque por ahora no hay respaldo oficial para esta cifra.

Pero detrás de estos números hay una realidad incómoda. Comparada con la lista de 2022, la nueva bancada del Pacto es notablemente diferente. Donde antes había nombres de izquierda con trayectoria política reconocida, ahora hay un elenco de personas poco conocidas y, en varios casos, con serios cuestionamientos. De los diez senadores históricos elegidos hace cuatro años, ya no estarán en el Senado María José Pizarro, Alexander López, Iván Cepeda, Clara López, Gloria Flórez, Jahel Quiroga, Gustavo Bolívar, César Pachón, Roy Barreras y Piedad Córdoba. Solo dos políticos tradicionales de la izquierda, Wilson Arias y Aida Avella, repiten curul.

Lo que está ganando terreno en el Pacto Histórico son los clanes cuestionados y personajes con poca experiencia en la vida pública. Pedro Flórez, por ejemplo, es considerado la ficha política del megacontratista estatal Euclides Torres. Químico de profesión y casado con Karina Torres, sobrina del empresario, Flórez integra la Comisión Sexta del Senado que maneja asuntos de transporte, telecomunicaciones y tecnología, justamente los sectores donde operan las empresas de Torres. Entre 2022 y 2024, esas empresas firmaron 148 contratos públicos por más de 204 mil millones de pesos, incluyendo uno de 95 mil millones para instalar paneles solares en el Caribe. Flórez está bajo investigación de la Corte Suprema por la financiación de la campaña presidencial de Petro, después de que Nicolás Petro afirmara que el senador sirvió de intermediario entre Torres y la campaña.

Alex Flórez y Laura Ahumada, ambos elegidos, están identificados como cercanos al exalcalde de Medellín Daniel Quintero, una de las figuras más cuestionadas del petrismo. Flórez, abogado, fue sancionado por la Procuraduría con suspensión e inhabilidad por ocho meses en 2023 después de que, en estado de embriaguez, insultó a agentes de policía y los llamó "asesinos". En la Corte Suprema cursan denuncias en su contra por violencia intrafamiliar. Ahumada, por su parte, llegó al Senado con el respaldo político de su esposo, el alcalde de Barrancabermeja Johnnathan Vásquez, quien enfrenta un proceso penal por presunta compra de votos. Ahumada aportó cerca de 230 millones de pesos a esa campaña.

Patricia Caicedo, hermana del exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo, llega con interrogantes por financiación irregular de su campaña en la consulta del Pacto. Su campaña reportó gastos por 360 millones de pesos, de los cuales 290 millones provinieron de donaciones de doce personas, y al menos nueve de ellas eran contratistas de la ANT, entidad dirigida por Felipe Harman.

Hay también nuevos senadores que podrían perder sus curules. Kamelia Zuluaga, historiadora y la más joven de la lista, estuvo contratada por la Agencia Colombia Compra Eficiente hasta septiembre de 2025, cuando ya había lanzado su candidatura. La situación es similar a la que enfrentó Antanas Mockus, quien perdió su curul por haber tenido contrato con el Estado en el año anterior a su elección. Deyci Alejandra Omaña, conocida como Amaranta Hank, generó polémica después de afirmar en un video que su primer trabajo fue falsificar documentos, específicamente cédulas venezolanas, cuando vivía en Cúcuta y Villa del Rosario.

Es cierto que otros partidos también llevaron al Senado personas con cuestionamientos: el Conservador a Wadith Manzur y Daniel Restrepo, el Liberal a María Eugenia Lopera y Yesid Pulgar, y el de la U a Jhony Besaile y José Alfredo Gnecco. Pero para el Pacto Histórico, que se presenta como una alternativa a la política tradicional, resulta particularmente incómodo que una lista cerrada, que podía tener incidencia del presidente Petro, haya abierto las puertas a personas buscando hacer negocios con la política. El Congreso dirá si fue una buena apuesta.