El sector de generación eléctrica de pequeña escala está en alerta. El Gobierno acaba de ordenar que las pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH) entreguen un 2% adicional de sus ventas durante seis meses para financiar medidas ambientales y de gestión del riesgo en departamentos como Antioquia, Córdoba y La Guajira. El problema es que esta medida podría terminar en tu recibo de luz.

Desde CEERA, la asociación que agrupa a estos generadores, reconocen la urgencia de atender la emergencia invernal, pero cuestionan cómo se está haciendo. Catalina Rueda, directora ejecutiva de CEERA, explica que "el aporte no se calcula sobre utilidades, sino sobre ventas brutas de energía, lo que implica que debe pagarse incluso en escenarios de márgenes reducidos y altas obligaciones financieras". En otras palabras: estas empresas deben pagar el 2% de todo lo que venden, sin importar si sus ganancias son pequeñas o si tienen deudas grandes. Eso afecta directamente su capacidad de pagar sus compromisos financieros.

La situación es más compleja porque estas pequeñas hidroeléctricas ya pagan el 6% de sus ventas en transferencias del sector eléctrico y una sobretasa de impuesto de renta del 38%, tres puntos por encima del promedio. Con este nuevo 2%, el porcentaje total subiría al 8%. Juan Carlos Mejía, representante de la hidroeléctrica Aures Bajo, advierte que "este nuevo 2% tiene un impacto evidente en nuestras finanzas".

Aquí viene lo que te afecta directamente como usuario: los generadores dicen que no pueden absorber completamente este nuevo costo. Óscar David Lozano, gerente de Santa Fe Energy, señala que "la mayoría de los contratos contemplan cláusulas que permiten trasladar nuevos impuestos o cargas regulatorias. En ese sentido, cualquier impuesto adicional termina incorporándose al precio de la energía que paga el usuario final". Según sus cálculos, el incremento del 2% podría representar un aumento de entre 6 y 8 pesos por kilovatio hora, lo que se traduce en aproximadamente un 1% de aumento en tu factura de energía.

El gremio también advierte sobre un riesgo más profundo: la inestabilidad regulatoria. Este sería el tercer intento en menos de tres meses de imponer cargas adicionales al sector eléctrico. Según Mejía, un proyecto de generación tarda entre 8 y 10 años, incluso hasta 15, desde su concepción hasta que empieza a funcionar. Cuando el Gobierno cambia constantemente las reglas del juego, los inversionistas pierden confianza y dejan de financiar nuevos proyectos. Eso es especialmente grave porque Colombia necesita más capacidad de generación para garantizar que no falte energía en el futuro.

Mejía también rechaza la idea de que los generadores ganan demasiado. "Existe la idea de que los generadores obtienen ganancias excesivas. Eso no es cierto. A nosotros nos conviene que la energía sea abundante y barata, porque eso impulsa el consumo, la industria y los servicios. Un país con energía económica es más competitivo", afirmó. El sector insiste en que para lograr energía barata se necesita estabilidad regulatoria, reglas claras y condiciones de competencia que permitan ampliar la oferta de generación.