Cuando llueve mucho en Colombia, el Gobierno aprovecha para cobrar impuestos. Así lo advierten expertos después de que el Ejecutivo declarara emergencia económica por las inundaciones que azotaron el Caribe y el Pacífico hace pocas semanas. La herramienta constitucional de emergencia fue creada para responder a crisis excepcionales que no da tiempo de resolver por los trámites legislativos normales. Pero en la práctica, ha evolucionado hacia algo muy diferente: un mecanismo para que el Estado consiga dinero rápidamente cuando las finanzas públicas están ajustadas.

El análisis más reciente de expertos de Orza y la firma Rodríguez Piedrahita muestra cómo esta transformación ha ocurrido gradualmente. La principal medida tributaria de la emergencia actual es un Impuesto al Patrimonio dirigido a personas jurídicas y empresas que hayan pagado impuesto sobre la renta durante 2025. El gravamen aplica a quienes tengan un patrimonio líquido superior a 200.000 UVT (más de 10.400 millones de pesos) al primero de marzo de 2026. Bancos, aseguradoras y empresas extractoras de petróleo y carbón pagarán una tasa de 1,6 por ciento, mientras que otros sectores pagarán 0,5 por ciento. El Gobierno espera recaudar cerca de 8 billones de pesos con esta medida que durará solo 30 días.

Lo preocupante para los economistas no es esta emergencia en particular, sino el patrón que se ha instalado. Hace 16 años, en 2010 durante otra ola invernal, se creó un impuesto al patrimonio similar. Pero en las siguientes crisis (la migración en 2015, la avalancha de Mocoa en 2017, la pandemia en 2020) no se inventaban nuevos impuestos. El cambio brusco llegó recientemente. En 2023 con El Niño, en 2024 con la crisis fiscal y ahora con estas inundaciones, el Gobierno ha metido medidas tributarias en casi todas las emergencias. En total, ha declarado siete emergencias económicas en los últimos 16 años.

Cuando las empresas ven que cada crisis climática o fiscal trae consigo un nuevo impuesto extraordinario, empiezan a pensar diferente. "La incertidumbre regulatoria y la posibilidad de nuevos gravámenes extraordinarios podrían influir en decisiones empresariales y de inversión", advierten los expertos. Imagínalo así: si eres dueño de una empresa y sabes que cuando hay sequía, inundación o crisis el Gobierno te puede cobrar un impuesto sorpresa, ¿invertirías más en Colombia o buscarías oportunidades en otro país? La repetición de estas medidas temporales genera un clima de inseguridad fiscal que ningún inversionista quiere.

Los analistas hacen una crítica clara: lo que comenzó como un mecanismo excepcional para reaccionar ante desastres se convirtió en una herramienta de conducción económica del Estado. Ya no es una medida extraordinaria, sino parte de la rutina fiscal. Y eso tiene consecuencias reales para el bolsillo de los colombianos, aunque sea indirectamente. Menos inversión privada significa menos empleos, menos crecimiento económico y menos recursos para el futuro.