Colombia entró a 2026 con buenas noticias en materia de recaudos tributarios, pero la fiesta fiscal fue efímera. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal reportó que en enero el Gobierno recaudó 37,4 billones de pesos, un crecimiento real del 7,8% respecto al año anterior y por encima de lo que los propios analistas esperaban. El impuesto de renta y el IVA fueron los principales impulsores de este desempeño. Para cualquier persona ajena a las finanzas públicas, esto debería sonar como una victoria: más dinero en las arcas del Estado. Pero hay un problema que echa por tierra cualquier optimismo.

Mientras los ingresos subían, el gasto público crecía aún más rápido. Para febrero, el gasto total ya había llegado a 3,8% del producto interno bruto, superando el que se registraba un año antes. En otras palabras, el Estado sigue gastando más de lo que puede permitirse. Además, la ejecución del gasto se aceleró notablemente: la inversión pública alcanzó una ejecución del 43,6% en los primeros meses, comparado con 31,2% en el mismo período de 2025. Esto significa que el Gobierno está usando el dinero más rápido de lo habitual, lo que aumenta la presión sobre las finanzas.

La situación se complica porque el presupuesto de 2026 (474,4 billones de pesos) heredó problemas del año anterior. Existe un hueco de financiamiento adicional de 43 billones por reservas que no se cubrieron en 2025, lo que significa que el Gobierno llega al año con una deuda pendiente que debe pagar con ingresos que no estaban previstos. Es como llegar a enero con las tarjetas de crédito de diciembre sin pagar.

La liquidez, es decir, el dinero disponible en la caja del Gobierno para hacer frente a compromisos inmediatos, se ha vuelto crítica. En apenas un mes cayó 3,3 billones de pesos, dejando apenas 6,6 billones disponibles. Esos son de los niveles más bajos jamás registrados. Para ponerlo en perspectiva, es como si una familia tuviera una emergencia médica y descubriera que su cuenta corriente está casi vacía.

En el frente de la deuda, los números también se deterioran. La deuda bruta del país llegó a 65% del PIB, impulsada principalmente por el crecimiento de lo que Colombia debe al exterior. Esta cifra consolida una tendencia al alza que preocupa a los inversionistas internacionales. El Gobierno además depende cada vez más de unos instrumentos financieros específicos (cerca del 19% de la deuda interna) muy por encima del promedio histórico del 11%, lo que implica mayor riesgo de refinanciación.

Los inversores, desconfiados por el deterioro fiscal, han comenzado a exigir mayores compensaciones. Los títulos de deuda pública conocidos como TES han registrado desvalorizaciones importantes y las tasas de interés han subido, especialmente en el corto plazo. Esto se traduce en que el Gobierno pagará más por pedir dinero prestado en el futuro cercano. Es el mercado cobrándole a Colombia una prima de riesgo por su fragilidad fiscal.

El diagnóstico final es sobrio: el problema fiscal de Colombia no se reduce a captar menos impuestos. El desafío real es contener un gasto que crece sin control y administrar de forma responsable las necesidades de financiamiento. Con ingresos sólidos pero gastos aún más altos, con liquidez crítica y deuda en aumento, el margen para maniobrar se reduce. La sostenibilidad fiscal, el equilibrio de largo plazo de las cuentas públicas, sigue bajo presión.