El Ministerio de Trabajo presentó un borrador de decreto que intenta mover de un golpe más de 25 billones de pesos desde cuentas de ahorro individual en fondos privados hacia Colpensiones. El traslado afectaría a 118 mil trabajadores que aprovecharon una oportunidad especial abierta en 2024 para cambiar de régimen pensional sin restricciones. El plazo propuesto es de apenas 15 días, lo que ha generado una tormenta jurídica de considerable magnitud.

Para entender qué está pasando, hay que remontarse a la reforma pensional del gobierno Petro. La Ley 2381 de 2024 creó lo que se conoce como la "ventana de oportunidad": permitió que trabajadores cercanos a jubilarse (menos de 10 años) pudieran cambiarse de un régimen pensional a otro. Más de 118 mil personas en fondos como Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia se mudaron a Colpensiones buscando mejores pensiones futuras. Pero aquí viene lo importante: la misma ley que permitió el cambio de régimen fue clara en un punto: el dinero ahorrado debía quedarse en los fondos privados hasta que la persona cumpliera con todos los requisitos para jubilarse completamente. El decreto ahora quiere cambiar esa regla y sacar el dinero ya, sin esperar a que la jubilación se materialice.

Los críticos ven en esto una violación directa a la ley. Kevin Hartmann, doctor en Derecho especializado en pensiones, asegura que el decreto es "ilegal" porque contradice explícitamente el artículo 76 de la Ley 2381. En términos simples: un decreto (que es una orden del Ejecutivo) no puede ir contra lo que dice una ley aprobada por el Congreso. Cuando hay conflicto, la ley gana. Hartmann también señala un problema fiscal: mover hoy estos 25 billones "alivia caja en el corto plazo, pero genera una presión estructural futura" porque el dinero no desaparece, simplemente se convierte en una deuda que el Estado tendrá que pagar más adelante. Andrés Felipe Izquierdo, gerente de una firma de soluciones pensionales, fue más lejos: advirtió que los ministros que firmen este decreto podrían enfrentar cargos de prevaricato (un delito que cometen funcionarios que actúan contra la ley) si lo aprueban sabiendo que viola la norma.

Pero no todos ven lo mismo. Iván Camilo Jiménez, profesor universitario de temas laborales, reconoce que el decreto tiene cierta "coherencia técnica". Su argumento es práctico: si una persona de 60 años se cambia a Colpensiones porque allá obtendrá mejor pensión y se jubilará en dos años, tiene sentido que su dinero ya esté en Colpensiones financiando eso, en lugar de quedarse ganando rentabilidad en un fondo privado donde ya no se pensionará. Sin embargo, Jiménez admite que el timing es cuestionable, especialmente en un contexto electoral.

El quid del asunto no es simplemente a quién le pertenece el dinero, sino cómo se maneja la sostenibilidad del sistema en el tiempo. Colpensiones funciona con un régimen de prima media (el Estado subsidia las diferencias entre aportes y pensiones), mientras que los fondos privados son de capitalización individual. Trasladar 25 billones de un lado a otro de la balanza no cambia el dinero, pero sí cambia quién responde por garantizarlo. El Gobierno busca liberar esos recursos para usarlos en otras necesidades presupuestales, pero el costo real se pagaría años después cuando Colpensiones deba financiar todas esas pensiones. Es como pedirse dinero a uno mismo, pero con la deuda pagadera en el futuro. La pregunta que quedará resuelta en los juzgados es si un Ejecutivo puede hacer eso aunque una ley diga otra cosa.