Después de casi una semana en que Nueva EPS quedó sin liderazgo claro tras el vencimiento de su intervención anterior, el Gobierno Nacional actuó el 10 de abril para cerrar ese vacío jurídico. Prorrogó la medida hasta abril de 2027 y designó al exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, como nuevo interventor. La decisión no es solo administrativa: la resolución que sustenta esta prórroga establece condiciones muy específicas que revelan cuán grave es la situación de la EPS más grande del país.

El documento gobierno ordena al interventor entregar en los próximos 30 días un plan integral de recuperación que aborde varios frentes críticos. Primero, debe resolver de fondo las reclamaciones en salud, priorizando casos de "riesgo vital", es decir, aquellos donde está en juego la vida de las personas. Nueva EPS ha liderado el ranking nacional de quejas durante 2025 con más de 518.000 reclamos, y tiene pendiente la apertura de más de 120.000 tutelas (demandas de protección de derechos fundamentales). Este rezago representa un colapso en la capacidad de respuesta de la entidad.

En el frente financiero, la situación es igualmente crítica. El plan debe incluir estrategias para recuperar cartera pendiente con entidades territoriales y otras deudoras, además de garantizar pagos a clínicas y hospitales que han suspendido servicios. Clínicas como Avidanti en Manizales, San Rafael en Armenia y Primavera en Villavicencio ejemplifican cómo la falta de pagos ha deteriorado la red de prestadores. La resolución reconoce que desde que comenzó la intervención en 2024, los estados financieros de Nueva EPS nunca se han actualizado, lo que mantiene en la incertidumbre el verdadero tamaño de sus deudas.

El interventor también debe mejorar la gestión del riesgo en salud mediante estrategias preventivas que reduzcan la siniestralidad, y debe monitorear todos los procesos jurídicos en curso contra la EPS para mejorar su defensa. Así mismo, debe revisar contratos con prestadores, liquidar acuerdos terminados y hacer seguimiento a los vigentes. Es, en síntesis, un control total sobre una entidad que ha sufrido múltiples cambios de liderazgo desde 2024, generando inestabilidad permanente.

El exministro de Salud Augusto Galán ha señalado que el aumento acelerado de tutelas y quejas es una señal de que la crisis se ha profundizado, en parte por la falta de información financiera clara. Con esta nueva prórroga, el Gobierno reconoce que los intentos anteriores de recuperación no han logrado resultados y que se requiere una intervención más exigente. Sin embargo, el desafío sigue siendo enorme: la combinación de deudas millonarias, opacidad financiera y pérdida de confianza de prestadores y usuarios deja a Nueva EPS ante un panorama muy complejo.