Después de semanas de incertidumbre, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 0159 el 19 de febrero de 2026 que mantiene el salario mínimo en 1.750.905 pesos (con auxilio de transporte) y un aumento del 23% para este año. La medida es transitoria y seguirá vigente hasta que el Consejo de Estado falle sobre la legalidad del aumento que se decretó a finales del 2025. Con esto, el Ejecutivo cerró momentáneamente uno de los debates más álgidos que enfrentó el país a principios de año.

Lo más importante del decreto no es solo la cifra final, sino lo que el Gobierno explica en su justificación técnica. En el documento, la administración reconoce abiertamente que si se aplicaran únicamente los parámetros económicos tradicionales de la Ley 278 de 1996 (la norma que históricamente ha regulado cómo se fija el salario mínimo en Colombia), el aumento habría sido del 13,6%. Este cálculo incluye inflación esperada, productividad, crecimiento económico y la contribución de los salarios al ingreso nacional, todos respaldados por cifras del Dane y el Banco de la República.

Entonces, ¿por qué el Gobierno llegó al 23%? Aquí está el argumento central: el Ejecutivo sostiene que la Constitución exige algo más que una "mera operación aritmética". Según el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, "los parámetros de la ley son parámetros restrictivos que no alcanzan para atender una disposición constitucional que es el del carácter vital y móvil que debe tener el salario mínimo". En otras palabras, el Gobierno afirma que la Constitución obliga a garantizar que el salario mínimo sea suficiente para vivir dignamente, no solo para mantener el poder adquisitivo.

Para respaldar esto, el decreto incorpora un segundo componente: el cálculo del salario vital de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El análisis compara lo que gana actualmente un trabajador con el ingreso que la OIT estima necesario para una vida digna y encuentra una brecha del 23%. El Gobierno decide cerrar 9,4 puntos porcentuales de esa brecha, lo que sumado al 13,6% técnico da como resultado el 23% final.

El documento es claro: el aumento no responde solo a matemáticas económicas, sino a una decisión política que busca mejorar las condiciones materiales de los trabajadores y reducir las desigualdades de ingreso. El Gobierno señala que el entorno lo permite: la inflación ha desacelerado, la economía crece y el desempleo ha bajado. Además, el aumento beneficiaría directamente a cerca de 2,4 millones de trabajadores y de manera indirecta a más de seis millones cuyos salarios están entre uno y dos salarios mínimos.

Lo que viene ahora es crucial: el Consejo de Estado deberá decidir no solo si el aumento fue legal, sino algo más profundo: si el Gobierno puede ampliar los criterios tradicionales para incorporar el concepto de salario vital como base de la política salarial. Mientras tanto, este es el valor que rige en los recibos de nómina de millones de colombianos.