El Gobierno incluyó en el Decreto 0175, que busca atender la crisis del sector agropecuario, una autorización que expertos y congresistas miran con preocupación: la posibilidad de que entidades públicas contraten directamente sin pasar por procesos de licitación abierta. Lo que más llama la atención es que esto sucede justamente en período electoral, cuando históricamente ha existido mayor riesgo de que los dineros públicos se desvíen hacia favores políticos.

La senadora Angélica Lozano, de Alianza Verde, fue de las primeras en señalar esta medida. A través de redes sociales, describió cómo el decreto "elimina límites a las adiciones y elimina la restricción de la ley de garantías en plena época electoral". Aunque reconoció que la emergencia exige actuar rápido, subrayó que "la emergencia no puede ser un cheque en blanco para la politiquería". Para Lozano, lo "innegociable es el blindaje total: plan de inversión público, responsables claros, control permanente y rendición de cuentas en tiempo real".

¿Qué permite exactamente este decreto? Las entidades públicas pueden comprar bienes, servicios y logística directamente, sin competencia entre oferentes. En otras palabras, pueden elegir a quién contratarle sin tener que abrir un proceso en el que otras empresas pueda presentar mejores propuestas. Especialistas en contratación pública advierten que esto es problemático porque la competencia es lo que presiona los precios hacia abajo y garantiza calidad. Sin ella, el Estado termina pagando más por lo mismo y las empresas amigas o políticamente conectadas se llevan el negocio.

El decreto también hizo algo más radical: eliminó el tope del 50% que normalmente existe para aumentar el valor de un contrato. Esto significa que un contrato que comenzó valiendo 100 millones ahora puede crecer sin freno, siempre y cuando se argumente que la emergencia lo exige. Además, la medida se saltó la Ley de Garantías, que precisamente existe para evitar que en períodos cercanos a elecciones el Gobierno use el dinero público de manera sospechosa.

El Gobierno argumenta que estas medidas son necesarias para actuar con rapidez en las zonas golpeadas por la emergencia. El decreto sí incluyó controles: supervisores deben verificar que cualquier cambio en un contrato tenga conexión directa con atender la crisis, y se exige que se cumplan principios de economía y responsabilidad. Pero la pregunta que queda flotando es si estos controles son suficientes para frenar los abusos cuando el dinero corre rápido y los procesos se saltan. El equilibrio entre velocidad y prevención de corrupción sigue siendo el debate central.