El Gobierno enfrenta un problema que toca el bolsillo de todos los colombianos: mientras promete reducir el déficit fiscal en 1,7 puntos del Producto Interno Bruto durante 2026, el gasto público sigue su marcha normal sin frenar. Los expertos ven un choque frontal entre lo que el Ejecutivo dice que hará y lo que realmente está pasando con el dinero público.

A finales de febrero, el análisis de la ejecución presupuestal muestra que se han obligado 68,2 billones de pesos de los 546,9 billones aprobados para el año. Excluido el pago de deuda, la ejecución va en 10,4 por ciento del presupuesto. En apariencia suena controlado, pero el detalle que preocupa es que este ritmo es casi idéntico al del año anterior e incluso un poco más acelerado. Significa que los gastos avanzan por inercia, como si nada hubiera cambiado, cuando el Gobierno necesita justamente lo contrario: desacelerar.

El presupuesto tiene un agujero importante que explica parte de esta tensión. Tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso, el Gobierno quedó con un faltante de 16,3 billones de pesos. Intentó solucionarlo con decretos de emergencia fiscal, pero esas medidas están a merced de lo que resuelva la Corte Constitucional, lo que deja la situación financiera en una nebulosa.

Lo que está pasando con cada peso del presupuesto revela las prioridades. El gasto de funcionamiento, es decir lo que cuesta mantener la máquina estatal día a día, va en 11,5 por ciento de ejecución. El pago de deuda avanza muchísimo más rápido: en 21,8 por ciento. La inversión pública, aquella que debería crear empleo y mejorar infraestructuras, apenas alcanza 5,8 por ciento. Esto no es casual: la deuda se paga porque es obligatorio, el funcionamiento es inercial, pero los proyectos de inversión requieren procesos lentos de contratación y planeación.

A esta presión se suma un lastre de 48,4 billones de pesos que el Gobierno arrastró sin pagar desde 2025. De esos compromisos viejos ya ha pagado el 39,2 por ciento, lo que significa que la tesorería está siendo exprimida para honrar deudas pasadas y presentes al mismo tiempo. Es como tener que pagar el recibo del mes anterior mientras llega el del mes actual.

El núcleo del problema es simple pero grave: si el gasto sigue ejecutándose al ritmo histórico, el ajuste fiscal que el Gobierno prometió quedará en el papel. Los expertos son claros en advertir que esta dinámica "continúa ejecutándose bajo inercias similares a las de años anteriores". Para lograrlo, el Gobierno tendría que hacer cambios drásticos en los próximos meses, algo que requeriría decisiones políticas difíciles sobre dónde recortar. Por ahora, la evidencia sugiere que el gasto avanza sin freno claro, dejando abierta la pregunta de si el Gobierno logrará cumplir con su promesa de ajuste o si enfrentará crecientes dificultades para hacerlo.