El fallo que dividió el mar: cómo La Haya cambió la vida de los pescadores de San Andrés
En 2012, la Corte Internacional de Justicia redibujó las fronteras marítimas entre Colombia y Nicaragua, mantuviendo las islas para Colombia pero cediendo una amplia extensión de agua. Esa decisión tomada a miles de kilómetros transformó la cotidianidad de los pescadores artesanales del archipiélago, quienes ahora navegan con miedo a ser interceptados en zonas donde históricamente trabajaban. Una de las voces que defendió a Colombia ante la Corte reconoce que el proceso dejó por fuera lo más importante: la voz de las comunidades raizales.
A las 3:40 de la madrugada, Rosales Wilson apaga el motor de su lancha en medio del Caribe. No lanza redes ni busca peces. Solo espera. El mar está tranquilo, pero él no. "Si nos ven, nos quitan todo", susurra mirando la oscuridad. Una década atrás, ese mismo punto era parte de su rutina diaria. Hoy es incertidumbre convertida en trabajo.
Rosales es pescador artesanal en el archipiélago de San Andrés. Como él, decenas de hombres aprendieron a leer el océano antes de aprender a leer un libro. Durante generaciones navegaron las mismas aguas sin cuestionarse dónde terminaba un país y empezaba otro. Todo cambió en 2012 cuando la Corte Internacional de Justicia redibujó el mapa del Caribe. A más de 8.700 kilómetros de distancia, en La Haya, se trazaron nuevas fronteras que en San Andrés se convirtieron en miedo.
El conflicto entre Colombia y Nicaragua llevaba décadas sin resolver. Después de que Nicaragua presentara el caso en 2001, once años después llegó el fallo: Colombia mantuvo la soberanía sobre las islas pero perdió una amplia extensión de mar. Para el Estado fue una decisión jurídica. Para los pescadores fue algo completamente distinto. "Nos quitaron el camino", dice Jainner, otro pescador artesanal que ahora evita zonas donde antes pasaba semanas completas faenando. "No sabemos dónde estamos seguros".
Kent Francis James, quien formó parte del equipo que defendió a Colombia ante la Corte Internacional, ofrece años después una lectura diferente de lo que sucedió. Según explica, el problema no fue solo el resultado sino el proceso mismo. Colombia llegó tarde a una negociación que pudo haberse resuelto antes de escalar a tribunales internacionales. El tratado de 1928, base del caso, no definía con claridad los límites marítimos, y esa ambigüedad resultó determinante. Pero su crítica va más allá de lo técnico: la defensa colombiana dejó por fuera un elemento clave, la voz de las comunidades raizales. Años atrás, James había escrito al entonces presidente Andrés Pastrana señalando que "Los niños, mujeres y hombres nativos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, somos colombianos, como también lo es nuestro territorio y las áreas marítimas que le corresponden" y que la presencia de un isleño en el equipo de defensa podría afirmar más el sentido de pertenencia. La carta, relata, no fue atendida en su momento.
En altamar no hay muros ni señales, solo coordenadas invisibles que ahora pueden significar persecución o decomiso. Los testimonios coinciden en un patrón: el aumento de tensiones en zonas que históricamente fueron parte de su trabajo. Algunos aseguran haber sido interceptados por embarcaciones extranjeras, otros hablan de redes decomisadas y jornadas que terminan en cero. Para el pueblo raizal, el mar no es solo sustento sino memoria. Allí aprendieron a orientarse por las estrellas, a identificar corrientes, a respetar vedas mucho antes de que existieran normas ambientales. Un banco pesquero como Luna Verde, símbolo de abundancia durante décadas, hoy genera solo nostalgia. "Ahí me enseñó mi papá", dice un pescador. "Ahora uno va con miedo, o ya no va".
La redefinición marítima ha generado una paradoja: en ciertas temporadas, San Andrés ha tenido que importar pescado desde el continente, en una isla rodeada de agua. Los jóvenes ya no quieren ser pescadores. La pesca, eje de la economía local durante siglos, pierde terreno ante la incertidumbre. Además, pescadores y actores ambientales advierten sobre prácticas extractivas no reguladas en zonas cercanas. Mientras autoridades locales imponen vedas estrictas para proteger especies como la langosta, en aguas contiguas no siempre se cumplen los mismos estándares, lo que afecta ecosistemas frágiles como la reserva Seaflower.
A las 4:15 de la madrugada, Rosales enciende el motor. No pescó. Dice que no valía la pena arriesgarse. Da la vuelta y regresa. El mar sigue siendo inmenso, pero ya no es el mismo. En algún lugar, a miles de kilómetros, una línea trazada sobre un mapa sigue definiendo su vida. Aquí, en el Caribe, esa línea no se ve. Pero se siente todos los días.
Fuente original: The Archipielago Press


