Cuando llegan las catástrofes naturales, los gobiernos sacan herramientas de emergencia. Esta vez, el Ejecutivo ha sacado una bastante controversial: el Decreto 0174, que otorga facultades excepcionales al Estado para intervenir y adquirir tierras rurales en siete departamentos afectados por las inundaciones. El argumento oficial es claro: con más de 170.000 hectáreas agrícolas dañadas y pequeños productores sin donde rehacer sus vidas, los trámites normales son demasiado lentos.

La norma autoriza a la Agencia Nacional de Tierras a hacer en un solo acto lo que normalmente tomaría meses: comprar un predio, incorporarlo al Fondo de Tierras y adjudicarlo a un campesino damnificado. Además, permite adquirir tierras incluso si tienen problemas legales pendientes, recibiendo los predios "libres de obstáculos" para uso inmediato. La lógica del Gobierno es que quienes pierdan derechos sobre esas tierras puedan demandar después para obtener indemnización, evitando que litigios paralicen la ayuda humanitaria.

Aquí es donde se enciende la alarma. La senadora Paloma Valencia ha criticado duramente la medida, afirmando que "el Gobierno revivió la extinción de dominio express en los 7 departamentos afectados por la emergencia económica". Según ella, el decreto permite que "en menos de 15 días la ANT pueda quitarle la tierra a la gente sin pagar indemnización y sin que un juez intervenga". La preocupación es práctica: aunque los dueños afectados puedan llevar sus casos a juzgados después, los procesos judiciales colombianos duran años. Mientras tanto, perdieron la tierra.

El decreto también agiliza procesos para recuperar tierras baldías (del Estado) y desalojar ocupaciones irregulares en humedales y zonas de protección ambiental. El Gobierno sostiene que estas ocupaciones ilegales han empeorado las inundaciones al reducir la capacidad de las cuencas para absorber agua, por lo que necesita facultades extraordinarias para actuar rápido.

El Ejecutivo defiende que todo responde a la magnitud real de la crisis: la emergencia afecta la seguridad alimentaria del país y los medios de vida de comunidades enteras. Según el decreto, los procedimientos ordinarios "no permiten la celeridad requerida ante la urgencia de restablecer las condiciones de vida digna a las familias damnificadas". Para el Gobierno, se trata de proteger derechos fundamentales como la alimentación.

El debate es legítimo: ¿cuándo una emergencia justifica saltarse garantías de propiedad que la Constitución protege? En teoría, el propietario afectado tiene derecho a indemnización posterior. En la práctica, esperar años a que un juzgado falle mientras perdiste el único activo que tenías no es lo mismo que mantener la propiedad intacta mientras se resuelve. Esto explica por qué varios analistas ven en el decreto un precedente riesgoso para la seguridad jurídica de la tierra rural en Colombia.