En los próximos meses, el mercado laboral colombiano se enfrenta a lo que los economistas de Anif llaman una "tormenta perfecta". El problema no es simple: cuando subes el salario mínimo y a la vez reduces las horas de trabajo sin bajar el sueldo mensual, el costo que paga una empresa por cada hora de trabajo se dispara. Y eso tiene consecuencias reales para quién consigue o pierde un empleo.

Los números son contundentes. El salario por hora pasará de $7.736 a mediados de 2025 a $10.422 en la segunda mitad de 2026. En poco más de un año, un aumento acumulado de 34,7%. Aunque el salario mínimo explica la mayor parte (80%), la reducción progresiva de la jornada laboral amplifica el efecto. Según la Ley 2101 de 2021, Colombia avanza hacia una semana laboral de 42 horas en lugar de 48, pero sin que baje el sueldo mensual. Eso significa que la empresa paga lo mismo por menos horas, elevando automáticamente el costo unitario del trabajo.

El golpe cae desproporcionalmente sobre empresas pequeñas. En firmas de uno a cinco empleados, el 63% de los trabajadores gana cerca del salario mínimo. En empresas de seis a diez personas, esa cifra es del 58,2%. Cuando casi toda tu nómina está en ese rango, cualquier aumento del mínimo se traslada casi directamente a tus costos. Para empresas con márgenes estrechos y poca capacidad de subir precios, esto genera una encrucijada: ¿reducen trabajadores, invierten menos, o simplemente cierran formalmente?

Aquí entra un factor que los analistas subrayan como crítico: la productividad. Si los trabajadores producen más con las mismas o mejores herramientas, el costo por hora mayor podría compensarse. Pero en sectores donde hay pocas máquinas, tecnología limitada o procesos manuales, ese aumento de productividad no llega fácil. Según Anif, sin esas mejoras de eficiencia, el riesgo es real: menos contratación formal, más empresas que prefieren operar en la informalidad, y empleos de menor calidad.

Lo paradójico es que estas medidas, el aumento del mínimo y la reducción de jornada, buscan proteger a los trabajadores y mantener su poder de compra. Anif no lo niega. Pero el análisis señala que el costo recae específicamente sobre empresas pequeñas con menos margen de maniobra. "Aunque estas medidas buscan fortalecer el ingreso de los trabajadores, su impacto recae sobre empresas pequeñas, cuya nómina está ampliamente concentrada en niveles salariales mínimos y cuyos márgenes de maniobra financiera son más limitados", dice la institución.

El desafío que se plantea es mayúsculo: lograr que las empresas mejoren su productividad lo suficiente para absorber estos costos sin dejar gente sin empleo. Si eso no sucede en los próximos años, los expertos advierten que podría haber ajustes empresariales que terminen golpeando precisamente a los trabajadores más vulnerables, los que dependen del empleo formal en pequeñas compañías. Un efecto contrario al que buscaban las políticas.