Una alerta llegó a principios de febrero a las autoridades aduanales colombianas: el Ocean Mariner, un buque de bandera liberiana con antecedentes de transportar combustible hacia Cuba, estaba en puerto. Lo que sucedió después se convirtió en un episodio que expone las tensiones geopolíticas en el Caribe y el papel incómodo que juega Colombia en medio de la batalla estadounidense por aislar a la isla.

El barco zarpó el 5 de febrero desde la Sociedad Portuaria Sitio Nuevo, ubicada en Palermo, Magdalena, a pocos kilómetros de Barranquilla. Antes de partir fue inspeccionado por la Dian, la Policía Fiscal y Aduanera, y representantes de Ecopetrol. En sus bodegas llevaba fueloil (combustible para industria y generación de electricidad) valuado en aproximadamente 6,9 millones de dólares. Según los documentos oficiales, su destino era el puerto de Río Haina en República Dominicana. Pero los seguimientos satelitales mostraron algo diferente: el navío cambió de curso hacia el sur de Haití. El 11 de febrero, la guardia costera estadounidense lo interceptó y lo escoltó con el buque militar USGC Stone hacia Bahamas.

Las empresas involucradas en la operación mantienen que todo fue legal. ISM, la empresa que vendió el combustible y está autorizada por el Ministerio de Minas para comercializar hidrocarburos, argumenta que su responsabilidad terminó en el puerto colombiano. Su abogado, Iván Lombana, aseguró que "la exportación fue verificada por las autoridades aduaneras y autorizada tras comprobar la conformidad de la mercancía". La transacción se realizó bajo modalidad FOB (Free On Board), lo que significa que una vez el buque zarpa, el control y riesgo pasan al comprador. El primer comprador registrado fue Monarch Security Latin America Inc., con sede en Panamá. Luego aparece Trafigura Group, una multinacional de Singapur que confirmó haber comprado el fueloil el 17 de febrero, cuando el incidente ya había ocurrido, para entregarlo en Bahamas.

La confusión sobre quién controlaba realmente la carga alimenta las sospechas. Washington vigila obsesivamente cualquier barril de petróleo que intente aliviar la crisis energética cubana, especialmente con el endurecimiento de sanciones anunciado por Donald Trump desde enero. El presidente colombiano Gustavo Petro no se quedó callado. Tras conocerse el caso, intervino públicamente para rechazar el bloqueo económico contra Cuba, destacando la relación histórica con la isla y su rol en los diálogos de paz con las Farc. Petro sostuvo que la región necesita "más libertades y menos cadenas" para resolver sus tensiones y propuso que el Caribe transicione hacia energía solar en lugar de petróleo.

Sus palabras fueron interpretadas como un mensaje incómodo en Washington. Petro no solo criticó la política exterior estadounidense, sino que invitó a Trump a replantear su estrategia hacia La Habana e incluso sugirió que América Latina podría suministrar insumos a Cuba para desarrollar energía solar. El mandatario insistió en que el transporte marítimo de petróleo en el Caribe no constituye un delito en sí mismo, aunque enfatizó que la región debería apostar por energías limpias. Trump respondió con advertencia clara: no permitiría nuevos flujos de recursos hacia Cuba.

El contexto es crítico. Desde la caída del gobierno de Nicolás Maduro en diciembre, Venezuela prácticamente dejó de enviar petróleo a Cuba, algo que había hecho durante más de dos décadas. México bajo la presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido los envíos a través de Gasolinas Bienestar, la filial de Pemex, llegando a exportar entre enero y septiembre del año pasado unos 17.200 barriles diarios de crudo y 2.000 de derivados, valuados en cerca de 400 millones de dólares. Esto ha generado tensión con Estados Unidos, especialmente considerando que México es el principal socio comercial estadounidense en el tratado T-MEC.

Cuba produce alrededor de 40.000 barriles diarios de su propio crudo pesado, pero su infraestructura apenas genera la mitad de la electricidad que necesita, causando apagones prolongados que paralizan la industria, la agricultura y la vida cotidiana. Expertos advierten que la escasez podría derivar en crisis humanitaria y nuevas olas migratorias hacia la región, particularmente hacia México. El caso del Ocean Mariner, entonces, no es solo un incidente aislado: es la evidencia de cómo la política de sanciones de Washington está transformando el Caribe en un tablero geopolítico donde terceros países como Colombia enfrentan cada vez más presiones.