Los recientes señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre posibles bombardeos desde Ecuador han traído de nuevo a la memoria un episodio que marcó profundamente la relación bilateral. Hace más de una década, Colombia e Ecuador vivieron su peor crisis por un incidente de frontera que dejó heridas diplomáticas que tardaron meses en sanar.

La madrugada del 1 de marzo de 2008, el ejército colombiano atacó un campamento guerrillero ubicado en la zona de Sucumbíos, ya en territorio ecuatoriano. En esa operación murió Raúl Reyes, uno de los principales comandantes de las FARC. Para Bogotá fue presentado como uno de los golpes más contundentes contra la insurgencia. Pero aquello que en lo militar parecía un éxito se convirtió rápidamente en un conflicto diplomático porque la incursión había ocurrido del otro lado de la frontera.

El gobierno colombiano de entonces sostuvo que la operación respondía a un derecho de legítima defensa y que era necesaria para completar el objetivo militar. Ecuador respondió de manera tajante: denunció una flagrante violación de soberanía, retiró a su embajador en Bogotá y llevó el caso a la comunidad internacional como un acto de agresión de un Estado contra otro. El presidente Rafael Correa endureció el tono, expulsó al embajador colombiano y ordenó movilizaciones militares hacia la frontera. Lo que comenzó como un asunto militar se transformó en una crisis diplomática que sacudió toda la región.

En días, gobiernos de América Latina tomaron posición. Brasil pidió una disculpa explícita de Colombia. Otros países respaldaron a Ecuador. El caso llegó a la Organización de los Estados Americanos, donde quedó consignado que Colombia había violado la soberanía e integridad territorial de su vecino. La resolución de la OEA reafirmó un principio fundamental del derecho interamericano: "que el territorio de un Estado es inviolable y no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza por parte de otro Estado, cualquiera que sea el motivo".

El punto de quiebre llegó en la Cumbre del Grupo de Río, celebrada en Santo Domingo el 7 de marzo de 2008. Allí, después de días de acusaciones cruzadas, los presidentes regionales llevaron la discusión al nivel político más alto. En ese encuentro, Álvaro Uribe "ofreció plenas disculpas al Gobierno y al pueblo del Ecuador por la violación de su territorio y soberanía, y se comprometió a que hechos similares no se repetirían", según quedó registrado en los documentos posteriores de la OEA. El gesto intentó cerrar la crisis, pero la ruptura de relaciones se mantuvo durante meses antes de que comenzaran nuevamente los contactos diplomáticos.

Lo que después se conoció como la Operación Fénix quedó como uno de los episodios más delicados de la política exterior colombiana. No fue solo por la muerte del comandante guerrillero, sino porque transformó la frontera con Ecuador en escenario de una discusión mayor sobre seguridad, soberanía y los límites del uso de la fuerza entre Estados vecinos. Por eso, cada vez que la tensión entre Bogotá y Quito vuelve a encenderse, el recuerdo de 2008 reaparece como una referencia inevitable.