Cada vez que llueve mucho en Colombia, la historia se repite: familias sin hogar, carreteras destruidas, animales ahogados y tierras anegadas. Lo que menos se ve, pero es igual de grave, es cómo los productores agrícolas terminan en bancarrota porque no tienen con qué proteger sus cultivos y ganado. Esta ola invernal actual es la prueba más clara: mientras afecta más de 546.000 bovinos y 231.000 hectáreas, apenas entre 1 y 5 por ciento de las tierras agropecuarias del país cuenta con algún tipo de seguro. Es como si el sector completo jugara sin red.

Los números de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) son brutales. Solo en ocho departamentos se registran 27.075 predios golpeados, con Córdoba siendo el más castigado: 145.638 hectáreas inundadas y más de 450.000 reses en peligro. Para dimensionar el desastre, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo reporta más de 93.000 personas damnificadas. La pregunta que surge es obvia: ¿cuántos de esos productores tenían seguro? La respuesta es deprimente. En Córdoba, por ejemplo, el seguro paramétrico cubre solo 2.731 productores con un valor asegurado de 11.900 millones de pesos. Cuando lo comparas con 145.638 hectáreas destruidas, entiendes que el seguro cubre apenas una migaja del desastre.

Lo curioso es que las herramientas existen desde hace décadas. Colombia tiene normativa de seguros agropecuarios desde 1985. Incluso cuenta con instrumentos modernos como el seguro paramétrico, que funciona de una forma inteligente: en lugar de enviar un inspector para contabilizar daños (lo que tarda tiempo), utiliza mediciones satelitales para detectar si la lluvia o el viento superaron lo acordado. Si superan el umbral, la indemnización se activa automáticamente. Es rápido, transparente y efectivo. Entonces, ¿por qué tan pocos productores lo usan?

Aquí entra la trampa de la dependencia estatal. El gobierno subsidia las primas del seguro a través del Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios. Eso suena generoso, pero genera un problema: cuando hay presupuesto, la gente se asegura; cuando lo cierran, el seguro se desmorona. Las primas emitidas cayeron 18,1 por ciento en 2025 frente a 2024 precisamente por limitaciones presupuestales. En otras palabras, los productores no ven el seguro como una decisión empresarial fundamental, sino como una oportunidad que aprovechan cuando el Estado les paga. Eso no es sostenible.

Hay un segundo obstáculo: la mentalidad. Muchos productores ven el seguro como un gasto innecesario, no como una herramienta que protege sus ingresos. Desde la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) reconocen que "el principal obstáculo no es la inexistencia del producto, sino la dificultad para consolidar una cultura preventiva sostenible en el tiempo". Es decir, no falta dinero ni productos; falta que los agricultores y ganaderos cambien de mentalidad.

Lo que pasa después de cada inundación es la confirmación de que sin seguro, el agro no tiene red. Fedegán pide al gobierno que congele créditos, cree líneas a tasa cero y subsidie insumos. Son medidas de emergencia, pero revelan la realidad: cuando no hay seguro, el Estado termina pagando mucho más de lo que hubiera costado subsidiar las primas desde el principio. Es más caro reparar el daño que prevenirlo. Y en un país donde las lluvias están superando en 70 por ciento los promedios históricos, seguir sin asegurar el sector agropecuario es simplemente insostenible.