Quien ha participado en procesos de empalme de gobierno sabe que la historia suele repetirse: el administrador que se va entrega informes que lucen impecables en números y narrativas, pero apenas se rasguña la superficie aparece la verdad incómoda de promesas incumplidas, ejecuciones infladas y problemas guardados bajo la alfombra. Esta vez le correspondió al sector agropecuario vivirlo de cerca, y los números que salieron a la luz tras el empalme del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella respecto al cuatrienio de Gustavo Petro son profundamente preocupantes.

Durante cuatro años, el Ministerio de Agricultura contó con aproximadamente 22,6 billones de pesos para invertir. Con un presupuesto así, lo esperado era que el sector agropecuario creciera a ritmos superiores al 7% anual, teniendo en cuenta el potencial que tiene Colombia. Sin embargo, el crecimiento promedio fue apenas del 2,9%, un resultado mediocre que contrasta con la magnitud de los recursos disponibles. Aún más preocupante: la participación del sector en la economía nacional se mantuvo en un raquítico 6%, cuando debería haber superado el 15%. Nunca antes se había invertido tanto para obtener tan poco.

En materia de reforma agraria, la brecha entre lo prometido y lo hecho es escandalosa. Se anunciaron 3 millones de hectáreas, pero al final del gobierno apenas se adquirieron cerca de 461.000, menos del 15% de la meta. Además, más del 44% de esas tierras compradas aún no han sido pagadas en su totalidad. Lo más grave: la Agencia Nacional de Tierras entregó alrededor de 200.000 hectáreas sin títulos válidos, sin proyectos productivos, sin crédito y sin acompañamiento técnico para que los nuevos dueños pudieran trabajarlas.

La restitución de tierras a víctimas del conflicto sigue el mismo patrón de incumplimiento. El registro se infló hasta 8,6 millones de hectáreas sin verificaciones rigurosas, pero la realidad es que apenas 424.000 hectáreas fueron restituidas, lo que representa un pobre 4,9% de ejecución. El resultado es devastador: miles de víctimas revictimizadas, desconfianza en las instituciones y un panorama de inseguridad jurídica para quienes compraron tierras de buena fe creyendo en procesos transparentes.

En lo que respecta al crédito agropecuario, el volumen creció 21,9% en 2025, pero detrás de ese número hay un problema más profundo: el sistema sigue dejando afuera al pequeño productor. El crédito se expande en cifras, pero no transforma realidades ni se democratiza. Se concentra en grandes actores, ignora regiones enteras y prioriza resultados de corto plazo. Finagro, la institución que debería liderar este frente, no solo perdió liderazgo sino también el rumbo.

El deterioro institucional agrava todo lo anterior. El ICA ralentiza la operación del sector con retrasos en trámites sanitarios y fallas en sistemas como SINIGÁN, lo que genera pérdidas innecesarias. Agrosavia, el instituto de investigación agropecuaria, enfrenta recortes de hasta el 30% que debilitan la ciencia agrícola en un momento en que el país la necesita más que nunca.

El empalme vuelve a mostrar una verdad incómoda: se gastó más que nunca, se prometió sin medida y se entregó muy poco. Para el nuevo gobierno, el sector agropecuario no es un reto menor, es una sala de urgencias que exige decisiones rápidas y responsabilidades claras.