El ministro de Educación, Daniel Rojas, acudió formalmente a su colega de Hacienda, Germán Ávila, con una solicitud que refleja una tensión creciente en el gobierno: necesita que antes de avanzar con el impuesto al patrimonio se analice cómo impactará a las universidades privadas colombianas. Rojas envió una carta oficial proponiendo una mesa técnica para revisar en conjunto esta medida y sus consecuencias en el sector educativo, uno de los pilares más delicados de la economía social del país.

La propuesta es simple en apariencia pero compleja en el fondo: crear un espacio de diálogo donde Educación y Hacienda estudien juntas "los alcances e implementación" del tributo sobre la riqueza acumulada. El ministro Rojas incluso sugirió una fecha concreta, la primera semana de abril, para que ambas carteras encuentren el mejor momento. Lo que está en juego es evaluar "la posibilidad de imponer una mayor carga impositiva a las universidades privadas", según explicó el propio Rojas en redes sociales.

Para entender por qué esto preocupa tanto a Educación hay que pensar en cómo funciona una universidad privada en Colombia. Estas instituciones no reciben presupuesto estatal como las públicas. Dependen de las matrículas que pagan los estudiantes, de donaciones, de los ingresos que generan sus propias inversiones, y de ese patrimonio para financiar todo: desde los salarios de profesores hasta la compra de laboratorios o el apoyo a investigadores. Si el gobierno grava ese patrimonio con nuevos impuestos, la universidad tiene pocas opciones: cobrar matrículas más caras, invertir menos en infraestructura o, en el peor caso, cerrar programas.

El impuesto al patrimonio es parte de la estrategia del Gobierno para aumentar ingresos fiscales. Tradicionalmente ha gravado a personas muy ricas y sus propiedades, pero la novedad es que ahora podría extenderse a instituciones. Aquí es donde choca con Educación: mientras Hacienda ve un nuevo cliente para recaudar, el sector educativo ve un riesgo para la sostenibilidad de universidades que educaban a miles de colombianos cada año.

La carta del ministro Rojas está redactada con cuidado diplomático. Agradece la "disposición" de Hacienda y destaca que cualquier decisión debe estar "en coherencia con las políticas del Gobierno Nacional", pero también subraya que no se pueden ignorar las "particularidades del sistema de educación superior". Traducido: no se puede diseñar una política fiscal como si las universidades fueran empresas mineras o constructoras. Son instituciones con dinámicas propias.

Por ahora, todo depende de que Hacienda acepte reunirse. El resultado de esa mesa técnica podría redefinir la política tributaria para la educación superior en los próximos años. Si Educación logra un acuerdo, tal vez el impuesto sea más suave o incluya excepciones. Si no lo logra, las universidades privadas enfrentarán un golpe directo al bolsillo, con consecuencias que eventualmente sentirán los estudiantes en sus matrículas.