El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, solicitó formalmente al jefe de Hacienda, Germán Ávila Plazas, crear una mesa técnica para evaluar el impacto del impuesto al patrimonio que el Gobierno decretó para instituciones de educación superior privadas. La propuesta fue anunciada públicamente el 26 de marzo, cuando Educación envió una carta oficial sugiriendo que la reunión se realizara entre el 6 y el 10 de abril para abrir un "diálogo técnico e interinstitucional" que permitiera revisar los alcances de la medida.

El decreto en cuestión, expedido el 24 de febrero en el marco de una emergencia económica, establece que todas las personas jurídicas con un patrimonio líquido superior a 200.000 UVT (cerca de 10.474 millones de pesos) deben pagar un gravamen del 0,50 por ciento. Entre 75 y 80 universidades privadas podrían verse obligadas a cumplir con esta norma, generando una recaudación estimada en 135.000 millones de pesos según cálculos de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún).

Sin embargo, la medida ha generado una crisis en el sector académico. La Ascún ya presentó una demanda ante la Corte Constitucional pidiendo que se declare inconstitucional el decreto o que se excluya a las instituciones de educación superior. El gremio argumenta que aunque las universidades privadas manejan patrimonios elevados, estos no son ganancias disponibles sino activos como infraestructura, laboratorios, bibliotecas y campus destinados al servicio educativo. Además, señalan que las universidades son entidades sin ánimo de lucro, no empresas comerciales.

Las consecuencias podrían ser graves para estudiantes y comunidades académicas. Ascún estima que los recursos destinados al pago del impuesto equivaldrían a cerca de 15.000 cupos en educación superior y miles de becas para población de bajos ingresos. El padre Harold Castilla, rector de Uniminuto y vicepresidente del gremio, explicó que su institución deberá pagar aproximadamente dos mil millones de pesos en dos cuotas entre abril y mayo. Aunque aseguró que no es una decisión generalizada, advirtió sobre "la tentación de decir: vamos a tener que subir la matrícula", lo que podría afectar el acceso de estudiantes.

Las críticas también provienen de voces académicas reconocidas. Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional, expresó su rechazo al considerar que "Esto es una barbaridad. Las universidades privadas en Colombia por ley son sin ánimo de lucro. Cobrarles impuesto de patrimonio afectará a sus estudiantes". Actualmente más de 1,2 millones de estudiantes están matriculados en universidades privadas, cuya operación depende de esquemas financieros ajustados al sostenimiento de la actividad académica.