"Estamos mendigando por nuestra salud. Eso no es digno", afirma Claudia Bibiana Villegas, docente de Risaralda que desde septiembre de 2025 solicita un mapeo de endometriosis profunda sin que el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) autorize el procedimiento. Su caso refleja una realidad que afecta a decenas de miles de maestros en el país: un sistema de salud que prometía mejorar con la reforma se ha convertido en una pesadilla administrativa donde los derechos médicos quedan atrapados en la burocracia.

Los testimonios son alarmantes. Gloria Catalina Agudelo, profesora también de Risaralda, lleva 16 meses en incapacidad tras una cirugía fallida en junio de 2025. Necesita una intervención quirúrgica que no se ha realizado porque el Fomag no ha pagado a los hospitales asignados. Yolanda Castro, del Valle del Cauca, denuncia que terapias especializadas para su hijo autista y su hija con microcefalia fueron suspendidas desde octubre de 2025, afectando a más de 100 pacientes en la región. Estos no son casos aislados: otros maestros esperan desde hace casi dos años por citas de oncología o batallas legales para que sus hijos accedan a medicamentos básicos.

El problema tiene raíces administrativas. Desde mayo de 2025, el modelo cambió drásticamente: la Fiduprevisora pasó de pagar a ocho operadores regionales a administrar más de 3.000 contratos directos con hospitales, centros de salud e IPS. El objetivo era eliminar intermediarios corruptos, pero la capacidad operativa de la entidad se saturó. Las IPS suspenden servicios repetidamente en todo el país, principalmente por falta de pago de la Fiduprevisora. José Gregorio Cárdenas, vocero de la Veeduría Nacional por el Derecho a la Salud del Magisterio, afirma: "El modelo de salud anterior era malo, pero este está demostrando ser peor".

Los números confirman el desastre. Datos de la Superintendencia de Salud muestran que las quejas (conocidas como PQRS) crecieron de manera sostenida: pasaron de 35.945 reclamos en 2021 a 42.339 en 2022, superando los 46.000 en 2024 y llegando a 44.412 en 2025. Pero lo más preocupante es el aumento del 36,56 por ciento que registra 2026, cuando apenas en febrero ya se acumulaban 8.643 PQRS comparadas con 6.351 en el mismo mes del año anterior. El propio presidente Gustavo Petro reconoció públicamente que "los costos de tratamiento de salud en el Fomag se dispararon fundamentalmente a partir de 2024 y 2025, con el cambio de modelo. Esto se llama insostenibilidad de un sistema".

Los costos se duplicaron de manera alarmante. En 2019 el Fomag gastaba 1,7 billones de pesos en servicios de salud. Para 2024, primer año completo de implementación del nuevo modelo, los gastos saltaron a 3,58 billones, un incremento anual del 49,6 por ciento. Al cierre de 2025 alcanzaron 4,85 billones, con un aumento del 35,3 por ciento. Además, auditorías internas han documentado pagos irregulares por al menos 260.000 millones de pesos a pensionados que no tenían derecho, incluyendo 506 consignaciones por 4.281 millones a personas ya fallecidas.

En medio de esta crisis, Fecode convocó un paro nacional para el 15 de abril, pero algunos maestros cuestionan las motivaciones políticas. Cárdenas critica duramente: "Vemos paros convocados cada tanto, pero no son para defender los derechos de los trabajadores, de sus afiliados, de los docentes, sino para promover las candidaturas de un sector que apoya al Gobierno". Mientras tanto, docentes como Juan Alberto Medina, quien padece cáncer de colon, expresan su frustración: "Yo ya me cansé de excusas, de sacar de mi bolsillo para pagar medicamentos y exámenes particulares. Este modelo no funciona". El redactor de EL TIEMPO intentó contactar a Domingo Ayala, presidente de Fecode, pero no recibió respuesta.