El Representante a la Cámara por Norte de Santander, Wilmer Guerrero Avendaño, presentó formalmente un proyecto de ley que busca una transformación radical en la forma como Colombia recauda impuestos. Su propuesta es atrevida: eliminar completamente el Impuesto al Valor Agregado, conocido como IVA, y reemplazarlo por un impuesto nacional al consumo con tarifa del 8%.

Para entender por qué esto importa en su bolsillo: el IVA actual está en 19% y representa casi la mitad de lo que el gobierno recauda en impuestos. Guerrero argumenta que este gravamen ha ido creciendo desde el 3% en 1963 y se ha convertido en un "desgaste de la eficiencia del sector productivo" que golpea especialmente a las familias con menores ingresos. En otras palabras, mientras los ricos pueden distribuir sus compras, los pobres pagan el 19% de todo lo que consumen porque no tienen acceso a los mismos beneficios fiscales.

Aquí entra un punto clave: el sistema actual permite a las grandes empresas descontar el IVA pagado. Según el congresista, el 88% de estos descuentos son aprovechados únicamente por el 10% de las compañías con mayores ingresos. Las microempresas, que son el 96% del tejido empresarial colombiano, quedan excluidas de este beneficio, profundizando la desigualdad económica.

Guerrero califica el sistema actual como un "laberinto administrativo" que ahoga especialmente a los emprendedores pequeños. Para dimensionar el problema: solo en 2024 el gobierno dejó de recaudar más de 32 billones de pesos bajo el esquema vigente, es decir, dinero que debería entrar pero se pierde en complejidad burocrática.

La propuesta simplificaría todo esto. Con el nuevo impuesto al 8%, según el texto, no habría descuentos ni compensaciones, lo que reduciría significativamente la carga administrativa. Además, el proyecto establece que parte del recaudo se destinaría a financiar salud y educación pública. Medio punto porcentual iría a aseguramientos en salud y otro medio punto a educación superior.

Guerrero insiste en que el IVA actual es "regresivo": castiga proporcionalmente más a los pobres que a los ricos. Una familia de estratos bajos dedica un porcentaje mucho mayor de sus ingresos al pago de este impuesto que una familia adinerada. Con la tarifa del 8%, la carga sería menor para todos, aunque el congresista reconoce implícitamente que cualquier cambio fiscal de esta magnitud requeriría pasos legislativos complejos en una Cámara donde muchos intereses están en juego.