La Diócesis de Santa Marta volvió a tomar las riendas del cementerio San Miguel esta semana, poniendo fin a un conflicto judicial que ha durado más de dos años. La operación se realizó con acompañamiento de la Policía Nacional y por orden de un juez, después de que una entrega voluntaria no se concretara.

El abogado Diego Duque, representante legal de la Diócesis, reveló en entrevista con EL INFORMADOR que al ingresar a las instalaciones descubrieron algo que describe como alarmante. "Hoy cuando recuperamos las instalaciones del cementerio no encontramos archivos, no hay registros, no hay control ni evidencia documental de los últimos años ni de periodos anteriores", afirmó el jurista. La desaparición incluye documentos recientes y de vigencias anteriores, generando incertidumbre sobre transacciones y trámites realizados por personas durante este período.

La controversia comenzó hace dos años y medio cuando, según la Diócesis, Fagid Fajit se apoderó irregularmente de la administración del camposanto después de recibir una orden de desalojo. Posteriormente se creó una empresa privada para manejar el lugar y continuar extrayendo recursos económicos de sus servicios. Esto impulsó a la institución religiosa a iniciar acciones legales que ya han avanzado considerablemente. "Él ya fue imputado, acusado y actualmente está a la espera de audiencia preparatoria por varios delitos", explicó Duque. Entre las imputaciones figuran administración desleal, falsedad en documento público y fraude a resolución judicial.

Un juez de garantías ordenó cancelar la matrícula mercantil con la que funcionaba la empresa y devolver la tenencia del cementerio a la Diócesis. Aunque la decisión fue apelada, fue ratificada en segunda instancia. Al no producirse la entrega voluntaria el jueves, la recuperación se realizó con respaldo policial.

Lo que más preocupa a la Diócesis es la desaparición de los archivos de la Fundación Juan Pablo II. "Una de las razones por las cuales está siendo procesado es porque desaparecieron todos los archivos de la Fundación Juan Pablo II. Por lo menos hoy no aparecen", sostuvo el abogado. Esta situación afecta especialmente a quienes realizaron pagos, compraron bóvedas o tramitaron servicios funerarios durante el tiempo que estuvo fuera del control institucional.

El cementerio permanecerá cerrado temporalmente durante uno o dos días mientras se realiza un inventario general y se reorganiza la administración. Sin embargo, los servicios esenciales como inhumaciones y procedimientos urgentes continuarán funcionando. Las visitas de familiares estarán restringidas de manera temporal hasta que finalicen las labores internas. "Queremos reorganizar todo, verificar el estado del cementerio y restablecer las actividades eclesiásticas, espirituales y administrativas. Los servicios esenciales no se van a suspender", concluyó Duque.