El sistema de salud colombiano está en medio de una reestructuración institucional de envergadura. Daniel Quintero, superintendente de Salud, anunció este martes una decisión que busca enderezar el rumbo de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que funcionan actualmente bajo intervención del Gobierno Nacional.

El anuncio fue directo y sin ambigüedades. A través de sus redes sociales, Quintero comunicó que ha solicitado "la renuncia de todos los interventores de las EPS intervenidas. Vamos a evaluar sus acciones y resultados para evaluar su continuidad o retiro". Esta medida significa que la Superintendencia iniciará un proceso de auditoría para revisar a fondo el desempeño de quienes hoy administran los recursos y operaciones de estas entidades. Solo aquellos que demuestren mejoras reales en los números financieros, la operación y la atención al usuario podrán permanecer en sus cargos.

La decisión no llega de la nada. Apenas horas antes, la Contraloría General de la República emitió un informe que prendió las alarmas sobre el estado crítico de las EPS intervenidas. El diagnóstico es preocupante: existe un agujero financiero multimillonario con faltantes billonarios en las reservas técnicas, especialmente en Nueva EPS. Además, desde que comenzó la intervención, los pasivos y las deudas con la red de clínicas y hospitales se han disparado en lugar de disminuir.

El impacto en los pacientes es evidente. Hay un incumplimiento generalizado en los fallos de tutela (decisiones judiciales que protegen derechos) y se registra un récord histórico en Peticiones, Quejas y Reclamos por negación de medicamentos y citas médicas. La Contraloría exigía medidas correctivas inmediatas, y esta solicitud de renuncia de los interventores es la respuesta de choque que la Superintendencia ha decidido implementar primero.