Dinero público destinado a la salud desapareció en manos de prestadores durante la intervención de una EPS. La Contraloría General acaba de documentar que entre 2023 y 2024, la empresa RG Auditores S.A.S., designada por la Superintendencia para intervenir a Asmet Salud, modificó ilegalmente los montos que debían recibir hospitales, clínicas y demás proveedores de servicios médicos. En lugar de entregar los valores aprobados, autorizó giros mayores. El resultado: casi 23.500 millones de pesos salieron de las arcas públicas sin justificación.

Para entender la magnitud: Asmet había certificado el pago directo a 91 prestadores por 47.800 millones de pesos aproximadamente. Pero los auditores interventores decidieron aumentarles los montos a 74 de esos prestadores sin autorización. Aunque Asmet Salud se defendió diciendo que ella no había aprobado esos sobregiros y que notificó a la Superintendencia del problema, los auditores ya habían soltado el dinero. Hasta ahora solo se han recuperado 24.300 millones, dejando un hueco de 23.426 millones que sigue en poder de terceros.

Lo más preocupante es que Asmet no ha movido los recursos legales con suficiente velocidad para recuperar esa plata. En 2024 intentó una salida rápida: propuso conciliaciones extrajudicial con los 74 prestadores afectados. El intento fue casi un fracaso. De los 74 involucrados, solo 64 fueron citados. Entre los que sí se presentaron, 27 rechazaron llegar a un acuerdo, 29 simplemente no fueron, y 8 tienen procesos judiciales suspendidos. Resultado: prácticamente nada avanzó.

Han pasado más de dos años desde que esos recursos se desviaron. La Contraloría advierte que Asmet, como gestora de los fondos de salud, tiene la obligación de perseguir legalmente la recuperación del dinero independientemente de que ella no haya sido la responsable directa del giro irregular. El patrimonio público sigue esperando que se actúe con la agilidad que el caso demanda.