El presidente Gustavo Petro intentó una ruta de diálogo con las organizaciones armadas ilegales, abriendo espacios para negociar acuerdos de paz con guerrilla, paramilitarismo, clanes y mafias. La estrategia se respaldaba en una ley que faculta al Gobierno para conversar con quienes demuestren voluntad de desistir de acciones bélicas, extorsiones y secuestros, además de liberar menores reclutados forzosamente y entregar armas en un plazo no mayor a seis meses.

Sin embargo, analistas cuestionan cómo formalizar un proceso de paz con organizaciones que no tienen intención real de desarmarse. El diagnóstico es claro: estos grupos viven del narcotráfico en todas sus fases (producción, transporte y comercialización), la extorsión rural y urbana, el sicariato y la explotación ilegal de oro y recursos como el coltán. Estas actividades generan ganancias que invierten en armamento, reclutamiento y control territorial, no en abandonar la violencia.

Los intentos anteriores de paz han fracasado porque estos actores han saboteado y despreciado los procesos, utilizando los diálogos para otros propósitos como excarcelar comandantes o expedir salvoconductos. Mientras tanto, continúan los reclutamientos forzados, las extorsiones, los secuestros y los ataques contra las Fuerzas Armadas. La minería ilegal sigue contaminando ríos y ecosistemas sin freno alguno.

Según este análisis, el Gobierno se encuentra en una disyuntiva crítica. Puede continuar tolerando desmanes y violencia, o ejercer autoridad constitucional usando todas las herramientas disponibles para recuperar control territorial. El ejemplo histórico citado es la operación contra Casa Verde en el Meta, donde se logró desalojar un campamento central de las Farc. Similar estrategia podría replicarse en otras jurisdicciones donde operan estos grupos.

El autor enfatiza que actualmente existen tecnologías de inteligencia artificial, biometría, vigilancia aérea con drones y capacidades militares que permiten operaciones precisas. Si no se actúa con contundencia, advierte, el Estado seguirá cediendo territorios: aproximadamente el 25% del territorio nacional está bajo dominio de organizaciones armadas ilegales, donde ejercen funciones de gobierno, limitan libertades, cobran extorsiones y castigan opositores.

El dilema es entre mantener un estado de zozobra permanente bajo el terror o ejercer la autoridad estatal con decisión. Lo urgente, desde esta perspectiva, es recuperar control, orden y seguridad en la nación mediante acciones que rindan y venzan la subversión, no solo mediante diálogos sin límites ni condiciones claras de cumplimiento.