Cuando se habla de desplazamiento en Colombia, el pensamiento automáticamente se dirige a seis décadas de conflicto armado. Pero la realidad ha cambiado. Sequías prolongadas, inundaciones devastadoras y la erosión de las costas están empujando a miles de colombianos a abandonar sus hogares. La ola invernal que afectó Córdoba dejó a más de 169.000 personas impactadas por lluvias e inundaciones, con 20.000 hogares dañados, y amenaza con generar nuevos desplazamientos. Este fenómeno no es exclusivo del país: la crisis ambiental está generando una movilidad humana mundial que permanece casi invisible, ni siquiera reconocida formalmente como una forma de desplazamiento.

El debate sobre cómo llamar a estas personas ha encontrado solución en Colombia. A nivel internacional, algunos discuten si deberían llamarse "refugiados climáticos", pero la Corte Constitucional resolvió la controversia en la Sentencia T-123 de 2024. Adoptando una recomendación de la Organización Internacional para las Migraciones, el país decidió no usar el término refugiado, porque jurídicamente el refugio implica "persecución" por razones políticas o del Estado, lo que no aplica a la crisis ambiental. En su lugar, Colombia adoptó oficialmente la categoría de "desplazado por cambio climático". Esta decisión no es solo una cuestión de palabras. El profesor Juan Pablo Sarmiento Erazo, de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, explica que "se debe emular un sistema muy robusto que ya tiene Colombia de atención al desplazado por la violencia".

Los números confirman la urgencia. En el primer semestre de 2025, 345.000 personas fueron afectadas por eventos ambientales en el país. Lo más preocupante es que el total de personas con necesidades humanitarias en Colombia (sumando conflicto y clima) aumentó un 95% comparado con el mismo período de 2024. Entre enero y julio de 2025, la Organización Internacional para las Migraciones brindó asistencia a cerca de 86.000 personas en 18 departamentos, atendiendo emergencias como el sismo de Paratebueno y crisis climáticas en el litoral Pacífico.

Sin embargo, hay un problema que los expertos consideran crítico: el subregistro, es decir, la falta de datos precisos sobre cuántas personas realmente son desplazadas por el clima. Sarmiento advierte que "las mismas personas no son conscientes de que son desplazadas por el cambio climático". El fenómeno ocurre de dos formas distintas que dificultan su conteo oficial. Primero están los desastres súbitos como inundaciones o sequías graves que obligan a huir de inmediato. Pero también existen transformaciones lentas que degradan paulatinamente los territorios, haciendo que dejen de ser habitables con el paso de los años. Familias que pierden su hogar por erosión costera simplemente se desplazan sin reconocer que son desplazadas por el clima, naturalizando la migración como una decisión económica. Además, hay un cruce crítico: personas que huyeron de la guerra ahora son desplazadas nuevamente por el clima, lo que complica aún más la identificación oficial de estos casos.

El país cuenta con documentos de política pública como el Conpes 3700 de 2011, que establece una estrategia institucional para abordar el cambio climático, pero el avance ha sido lento. Sarmiento asegura que Colombia no está preparada para un aumento drástico de este fenómeno en los próximos años. Colombia dispone de herramientas técnicas como el Mapa del Agua del Ideam, que identifica oferta, demanda, calidad y riesgo de desabastecimiento o inundaciones, facilitando decisiones sobre ordenamiento territorial. Sarmiento explica que "probablemente tendríamos una línea base para poder determinar qué zonas son aquellas expulsoras o productoras de migración climática". Sin embargo, esta información choca con realidades concretas: las zonas con mayor presión climática tienen entidades territoriales debilitadas, muchos municipios tienen planes de ordenamiento con décadas de desactualización, y comunidades campesinas e indígenas ven desaparecer su cosmovisión bajo el impacto ambiental.

El reto para Colombia va más allá de mitigar el cambio climático. Debe reconocer y proteger los derechos de quienes, sin ser perseguidos por la guerra, han sido expulsados por la naturaleza. Como concluye Sarmiento, "De la misma forma en que estamos planeando y creciendo en nuestras ciudades, efectivamente se está desconociendo ese rol que tienen las entidades territoriales de planear el territorio, de adaptarse al cambio climático y de prevenir el riesgo. Una cosa es el desastre ambiental y climático, pero otra es cuando esto se vuelva más profundo, más crónico y con eventos climáticos más drásticos. Ahí sí vamos a tener seguramente un gran desafío institucional".