Una desaparición que parecía un caso aislado terminó destapando lo que sería una de las presuntas estafas financieras más grandes en Bogotá. Decenas de familias descubrieron que sus ahorros, confiados a través de una supuesta cooperativa de transportistas, se esfumaron. El descubrimiento llegó cuando buscaban al intermediario y encontraron que la empresa ya no existía legalmente desde hace años.

Todo comenzó en 2022 cuando un hombre identificado como Uriel Andrés Barreto Díaz llegó a la casa de una víctima con una propuesta de negocio. Se presentó como directivo administrativo y encargado de recursos humanos de la Cooperativa Transportadora Bogotá-Kennedy Taxis Colectivos, con oficinas en Kennedy. Ofrecía un modelo de inversión que, según su versión, llevaba años funcionando entre familiares y conocidos. Las rentabilidades variaban: algunos recibían el 4 por ciento, otros el 6 por ciento, otros el 10 por ciento, e incluso había comisiones por traer nuevos inversionistas. Las condiciones cambiaban según la relación con el intermediario.

Los aportes quedaban respaldados por contratos con membrete de la cooperativa, números consecutivos, NIT y fechas. Promesa mediante, el capital se devolvería a los seis meses junto con los rendimientos. Barreto sostenía que él era el encargado personal de recibir los recursos, así que el dinero se consignaba directamente a sus cuentas bancarias. Explicaba que luego reportaba esos aportes a la cooperativa. El negocio, según su versión, se alimentaba de una supuesta "bolsa de apalancamiento" vinculada a contratos del sector transporte como capacitaciones, repuestos y formación para conductores. Cuando esos contratos eran pagados, regresaba el capital y de allí salían los rendimientos.

La confianza creció porque los primeros pagos se cumplieron. Como cuenta una de las víctimas, "En este tipo de negocios uno se deja llevar por el éxito de los otros". Comenzó con montos pequeños que luego aumentó progresivamente. Amigos y familiares hicieron lo mismo. A finales de cada año la cooperativa emitía comunicados anunciando recesos operativos por vacaciones, y los pagos se reanudaban en enero. Ese patrón se repitió durante años, consolidando la ilusión de que todo era legítimo.

El quiebre llegó en diciembre de 2025 con una circular nueva: la cooperativa entraba en una auditoría interna por controles financieros. Luego un correo solicitaba a los inversionistas explicar el origen de sus recursos. El documento decía que estaba consolidando información sobre la relación comercial con Uriel Andrés Barreto Díaz, identificado como trabajador. Pedía aclarar datos dentro de su sistema de aportes por rendimientos. Muchos inversionistas, asustados de perder su dinero, enviaron soportes de créditos, ahorros y ventas de bienes.

Pero enero de 2026 fue el punto de quiebre. Los pagos dejaron de llegar y los incumplimientos crecieron como una bola de nieve. Una de las víctimas decidió buscar personalmente a Uriel Andrés Barreto Díaz el 19 de enero. Al llegar a su residencia, la familia informó que estaba desaparecido. Ese día comenzó a circular públicamente una alerta de búsqueda en medios. Para las víctimas, esa noticia generó confusión e incertidumbre. Tiempo después, la familia informó a través de redes sociales que había reaparecido y que se presentaría ante autoridades, pero desde entonces no hay claridad sobre su situación jurídica.

Lo que descubrieron después fue devastador. La Cámara de Comercio de Bogotá certificó que la Cooperativa Transportadora Bogotá Kennedy Ltda., con NIT 860023460-4, está oficialmente liquidada desde noviembre de 2023. La Asamblea General aprobó la cuenta final de liquidación el 29 de septiembre de 2023. Entonces, mientras los inversionistas creían que su dinero estaba en una cooperativa activa, la empresa ya no existía legalmente. Una de las víctimas expresó: "Desde que supe que esa cooperativa estaba liquidada, yo no he tenido vida. Me tienen amenazado a mí y a toda mi familia. La gente no entiende que yo soy una víctima más".

La magnitud del fraude es preocupante. Solo en el círculo cercano de una víctima, cerca de 20 familias habrían invertido miles de millones de pesos. Pero los números crecen cuando se suma todo. Un abogado que representa a víctimas confirmó que "Según lo que se ha podido establecer, pueden ser más de 120 personas con un capital cercano a los 16.000 millones de pesos". Existen denuncias en diferentes ciudades: aproximadamente unas 20 entre Bogotá y Bucaramanga, concentrándose en la capital por temas de jurisdicción. El esquema habría operado desde 2019, ganando credibilidad a través de recomendaciones personales entre conocidos y ramificaciones familiares.

Desde la perspectiva jurídica, el abogado considera que los hechos configurarían varios delitos. "Es una estafa masiva por la cantidad de personas y por la cuantía, y no se descarta también un concurso de delitos con la conducta de captación masiva y habitual de dineros". El delito se habría materializado mediante engaños documentales: documentos falsos de la cooperativa que hicieron incurrir en error a las víctimas.

Las consecuencias personales para quienes cayeron en el fraude han sido devastadoras. Una víctima relató: "Mi vida cambió por completo. Siento que voy a perder mi familia, tengo que cambiarme de residencia y temo por mis hijos. Esto puede terminar en tragedia. Las víctimas necesitamos protección. No sabemos a qué nos estamos enfrentando ni hasta dónde llegará esta persona". Muchos han recibido amenazas de otros afectados que los culpan por haber recomendado el negocio. Las víctimas interpusieron quejas ante la Fiscalía desde finales de enero de 2026, aunque muchas temen denunciar por las implicaciones personales que ello conlleva.