En Santa Marta hay un problema que parece sacado de una película de misterio: un tractocamión de 300 millones de pesos simplemente desapareció del lugar donde debía estar guardado bajo custodia judicial, y nadie dentro del sistema parece saber dónde está.

El vehículo, que lleva placas SYU 173, fue adjudicado en un remate dentro de un proceso ejecutivo en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta. Según los registros, la máquina debería estar inmovilizada en el establecimiento denominado Parqueadero y Talleres Unidos. Pero aquí empieza lo raro: cuando el rematante intentó verificar que el tractocamión seguía allí, no pudo acceder al lugar ni con el secuestre judicial designado por el juzgado.

La situación se puso más complicada cuando revisaron las fotografías de las instalaciones. El vehículo con las características del tractocamión simplemente no aparecía en ninguna imagen. A partir de ahí, el propietario se lanzó a buscar respuestas. El 17 de abril presentó un derecho de petición pidiendo que le dijera dónde estaba su máquina, qué controles se habían hecho sobre ella y qué se había hecho al respecto. Pero el silencio fue la única respuesta que recibió.

Cansado de esperar, decidió ir por la vía de la tutela. Presentó una acción contra el Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena denunciando que sus derechos no estaban siendo respetados. Este jueves el caso llegó al Tribunal Superior de Santa Marta, donde quedó en manos de la magistrada Karen Paola Mesa Villamizar.

Ahora le corresponde al tribunal determinar si efectivamente hubo una vulneración al derecho de petición y, más importante aún, ordenar que le den respuestas claras sobre dónde quedó ese tractocamión de 300 millones de pesos. Mientras tanto, la incertidumbre sigue reinando en Santa Marta sobre el paradero de una máquina que se suponía estaba bajo la protección de la justicia.