En la Dirección Nacional de Inteligencia, el organismo que maneja la seguridad estratégica del país, hay un patrón que preocupa a expertos: decisiones importantes basadas en documentos anónimos de dudosa solidez. El caso más reciente involucra a dos oficiales destituidos por una acusación que llegó sin firma ni remitente identificable.

El general Edwin Urrego, que comandaba la Policía en Barranquilla, y el teniente coronel Óscar Moreno fueron señalados de planear una conspiración para "plantar droga" y comprometer al presidente Gustavo Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti. La fuente de todo esto fue un correo anónimo que llegó el 27 de octubre de 2025 a través de un buzón sin identificación en la plataforma PACO, dirigido a Colombia Humana. Desde allí, el mensaje fue copiado a la Casa de Nariño, donde el general Humberto Guatibonza, jefe de seguridad presidencial, lo pasó a la Fiscalía. El propio Presidente radicó la denuncia.

Cuando Urrego tuvo oportunidad de pronunciarse, fue directo sobre lo que recibió. "Frente al informe, me parece escueto, muy básico. Deja entrever cosas que carecen de fundamento", dijo al hablar con EL COLOMBIANO. La situación se volvió más extraña cuando hasta el ministro Benedetti y el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, hablaron de una posible "desinformación" al presidente basada en esas versiones. La DNI, mientras tanto, salió a defender su actuación invocando la facultad constitucional del Presidente para pedir calificación de servicios a miembros de la Fuerza Pública.

Este no es un caso aislado. Hace poco más de un año, el periodista Daniel Coronell reveló que el entonces canciller Álvaro Leyva había sido abordado con información sobre supuestos sobornos de Thomas Greg & Sons a un funcionario de su ministerio. Según eso, Leyva habría pagado treinta millones de pesos, dinero de gastos reservados de la DNI, para obtener esa información. El patrón es claro: denuncias nebulosas que provocan movimientos en la cúpula del Estado.

Yefrin Garavito, especialista en Investigación Criminal, ve los riesgos de manera frontal. Explica que aunque las denuncias anónimas ocurren frecuentemente en instituciones militares, no pueden ser razón suficiente para echar a alguien del cargo, especialmente en un organismo como la DNI. Lo que más le preocupa es el mensaje que se envía: si un subordinado descontento ve que una denuncia anónima puede acabar con su superior, el sistema completo se envenena. "Esto incentiva que subalternos inconformes con las decisiones de sus superiores recurran a denuncias anónimas, al percibir que pueden provocar destituciones sin debido proceso. Una práctica así podría traer serias consecuencias institucionales", señala el experto.

La gravedad aumenta cuando se analiza quién más podría aprovechar esto. Garavito advierte que para una estructura criminal es relativamente sencillo lanzar un anónimo contra un comandante que les está causando problemas operacionales, logrando que el propio Estado lo retire del cargo sin que medie investigación real. Además, retirar a oficiales basándose en acusaciones anónimas sin proceso formal vulnera el debido proceso, un derecho fundamental reconocido en leyes nacionales e internacionales. El buen nombre de esos militares queda manchado públicamente, expuestos sin pruebas materiales claras. Y el Estado corre un riesgo legal: decisiones así abren la puerta a demandas administrativas que podrían costar indemnizaciones millonarias, incluso la reincorporación de los oficiales.

Lo que preocupa al especialista es que confiar más en un anónimo que en los mecanismos formales de investigación genera desconfianza interna en instituciones que necesitan credibilidad para funcionar. Se deteriora la moral de los mandos, y se debilita el respaldo que requieren para ejercer autoridad. En una organización donde se espía, se investiga y se maneja información delicada, eso es especialmente destructivo.