Mientras el Gobierno invierte recursos sin precedentes en fortalecer la atención de salud en zonas remotas, crecen las evidencias de que esos dineros estarían siendo desviados hacia objetivos políticos en regiones estratégicas para el oficialismo. El Ministerio de Salud ha transferido más de 8,2 billones de pesos a hospitales públicos desde agosto de 2022 para financiar los equipos básicos de salud, grupos itinerantes de profesionales que se desplazan a comunidades rurales llevando servicios de salud preventiva. Aunque de ese monto solo se han ejecutado 1,17 billones (14,2 por ciento), la forma en que se distribuyen estos recursos ha levantado banderas rojas.

Una investigación de La Silla Vacía sacó a la luz que esta estrategia se concentra especialmente en municipios donde el ministro Guillermo Jaramillo tiene tradición política y bases electorales consolidadas. El caso más evidente es el del Líbano en Tolima, donde la familia Jaramillo mantiene una influencia política histórica. El hospital regional que lleva el nombre del padre del ministro, Alfonso Jaramillo Salazar, recibió millonarios recursos después de ser intervenido por la superintendencia en mediados de 2023. Lo preocupante es que todo esto ocurre sin los controles necesarios para evitar prácticas de favoritismo político.

La opacidad rodea estos recursos. Según informó hace poco este medio, el Ministerio de Salud no publica información clara sobre dónde va exactamente el dinero de los equipos básicos. En la página de transparencia del ministerio solo aparecen leyendas que dicen "sin datos" y "no se puede acceder a los datos". No hay detalles públicos sobre los contratos firmados, quiénes fueron contratados ni qué hicieron realmente esos grupos de profesionales. El presidente Petro ha mencionado que son 10.000 equipos en el país, pero nadie puede verificarlo porque faltan los informes de gestión.

Lo que sí se conoce es inquietante. En el Líbano, la Fundación Alfonso Jaramillo Salazar funciona como intermediaria entre los recursos de salud y la maquinaria electoral local. Su sede, ubicada en lo que fue la antigua casa del directorio liberal, exhibe fotos de la familia Jaramillo junto a publicidad de candidatos al Congreso. Uno de ellos es Marco Emilio Hincapié, aspirante por el Pacto Histórico, quien además fue designado como coordinador nacional de enlaces territoriales de estos equipos básicos. El reportaje documenta que al menos otros doce políticos locales ocuparon cargos similares, varios de ellos sin experiencia previa en el sector salud.

Las funciones que cumlen estos enlaces parecen más políticas que técnicas. Los informes muestran que se limitaban a asistir reuniones, mientras que también se han documentado gestiones de presión para que municipios específicos recibieran dotaciones hospitalarias. Todo esto encaja con las denuncias sobre un manejo a dedo de los recursos con propósitos electorales. Aunque el diseño de los equipos básicos forma parte de una apuesta más amplia del Gobierno para fortalecer la salud pública, la falta de transparencia y los mecanismos débiles de control abren la puerta a que la inversión termine siendo capturada por intereses políticos en lugar de beneficiar realmente a las comunidades que más lo necesitan.