Una alerta roja se encendió en el Congreso sobre cómo se están asignando exámenes cruciales para detectar cáncer en Colombia. La representante Katherine Miranda denunció que entre 2023 y enero de 2026, una sola clínica en Ibagué concentró 3.374 exámenes PET-CT (estudios que permiten diagnosticar y rastrear tumores) por un valor superior a $17.600 millones. Para dimensionar el problema: es como si todos los pacientes oncológicos del país que necesitaban este examen fuera remitidos a una sola ciudad, cuando el país tiene capacidad instalada en muchos lugares.

El crecimiento es lo que enciende las alertas. En 2023, 176 pacientes fueron enviados a esa clínica. En 2024 la cifra trepó a 723. En 2025 llegó a 1.846. Y solo en enero de 2026 fueron 221 pacientes. Eso es un aumento de 949% en poco más de dos años. Miranda lo dejó claro en su intervención: "Esto no es un crecimiento normal. Es una concentración acelerada en una sola IPS". El Distrito Capital tiene ocho instituciones habilitadas para este servicio, Antioquia siete, Atlántico cinco. La oferta existe en todo el país, pero por alguna razón los pacientes fueron direccionados masivamente a Ibagué.

Lo más grave es lo que pasó con los pacientes. Desde Cúcuta, 118 de ellos hicieron un viaje de hasta 16 horas por carretera. Desde Arauca, algunos recorrieron casi 900 kilómetros para llegar a esa clínica, pasando incluso por Bogotá donde existen ocho lugares donde podrían haberse hecho el examen. En Risaralda, ignoraron una opción a 45 kilómetros de distancia para enviar pacientes a otra a 121 kilómetros. "Esto no es eficiencia. No es optimización. Es direccionamiento", afirmó Miranda.

Pero hay otro lado del problema que toca el bolsillo. De esos 3.374 pacientes, solo 617 recibieron dinero para gastos de transporte. Esto significa que más de 1.400 personas pagaron su traslado de su propio bolsillo. Mientras tanto, la clínica receptora sí tuvo garantizada la remuneración por los $17.600 millones. Como lo planteó la congresista: "Sí hubo garantía para pagar 17.600 millones a la clínica. No hubo garantía para proteger al paciente".

Miranda también mencionó que en el Tolima existe una relación histórica y cercana entre la familia del ministro de Salud Guillermo A. Jaramillo y el dueño de esa clínica, lo que exige, a su juicio, aclaraciones sobre los criterios técnicos que justifiquen esta concentración de recursos.

Frente a todas estas irregularidades, la congresista lanzó la pregunta que resume el malestar: "Cuando las cifras crecen 949%, cuando se concentran miles de millones en una sola IPS y cuando pacientes de alta complejidad recorren hasta 900 kilómetros teniendo el servicio más cerca, la pregunta es clara: ¿Estamos frente a un nuevo cartel en la salud?". Exigió explicaciones técnicas y actuación de los organismos de control.