La viralización de un video de la Juventud Comunista de Colombia (JUCO) desató una nueva crisis política en el país. En el contenido, una militante expresa que hay que "hacer invivible" el país durante el mandato del presidente electo Abelardo De La Espriella y hace un llamado a mantener presión en las calles para obstaculizar su gobierno.

La Corporación Colectivo de Abogados Francisco de Paula Santander no tardó en responder. Presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación acusando a los responsables de presuntos delitos de terrorismo e instigación a delinquir. Según el recurso legal, las palabras expresadas en el video podrían configurar un llamado a alterar el orden público en medio de la transición de poder.

Viviana Marín Carmona, identificada como la autora del video, salió a defenderse públicamente. Rechaza las acusaciones y argumenta que lo que sucede es una persecución política contra su organización y contra ella personalmente. Responsabiliza a sectores del Centro Democrático por cualquier amenaza que pudiera enfrentar, afirmando que está siendo víctima de represión por ejercer su derecho constitucional a la protesta.

La respuesta ha sido altamente polarizada. Desde sectores cercanos al gobierno entrante califican el mensaje como una amenaza clara contra la institucionalidad y la estabilidad política. Mientras tanto, desde la militancia de izquierda defienden la movilización social como una forma legítima de ejercer presión política contra gobiernos que consideran contrarios a sus intereses.

Ahora es la Fiscalía General de la Nación la que tiene la responsabilidad de investigar si las declaraciones tienen alcance penal. El caso refleja las profundas divisiones políticas que caracterizan al país en esta transición hacia el nuevo gobierno y evidencia cómo cada acción genera respuestas encontradas según la posición ideológica de quien las interprete.