La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas este viernes al denunciar que grupos armados ilegales están usando escuelas como espacios de operación en los departamentos de Nariño y Cauca, una situación que vulnera gravemente el derecho a la educación de miles de menores en el suroeste colombiano.

El problema se hizo evidente la semana anterior cuando integrantes de una disidencia de las antiguas FARC ingresaron a un colegio rural en el municipio de Policarpa, Nariño, fronterizo con Ecuador, argumentando que iban a entregar útiles escolares a estudiantes. Al día siguiente, videos circularon mostrando a otro grupo armado acampado dentro de un colegio en el Cauca. Estos hechos no son aislados ni se trata de gestos de generosidad: son operativos de propaganda armada que aterrorizan a comunidades escolares enteras.

La Defensoría advirtió que cuando grupos criminales ocupan espacios educativos, la consecuencia inmediata es el miedo. Los niños y adolescentes dejan de ir a clase, crece la deserción escolar y se fractura el proceso de aprendizaje. Más grave aún: "La exposición a este tipo de hechos incrementa los riesgos de reclutamiento, violencia sexual y otras afectaciones en el marco del conflicto armado, lo que profundiza su vulnerabilidad y debilita las garantías para su desarrollo integral".

Los números ponen un rostro más crudo a la crisis. En el primer trimestre de este año, la Defensoría identificó 19 casos de reclutamiento forzado de menores solo en Norte de Santander, Antioquia y Caquetá. Ampliando la mirada, entre enero y diciembre de 2025 se contabilizaron 361 reclutamientos de menores, de los cuales el 57 por ciento corresponde a niños y el 54 por ciento a integrantes de comunidades indígenas. Son números que duelen porque detrás de cada cifra hay un menor arrebatado de sus posibilidades.

La Defensoría fue clara en su mensaje: los grupos armados están obligados por el Derecho Internacional Humanitario a respetar espacios civiles como las escuelas y no pueden poner en riesgo a la población civil, especialmente a menores de edad. Por eso exigió al Gobierno nacional y a las entidades territoriales que adopten "medidas integrales y sostenidas que garanticen la protección de las comunidades y la seguridad en los entornos escolares".

La entidad también hizo un llamado a los candidatos presidenciales que competirán en las elecciones del 31 de mayo para que incluyan en sus propuestas acciones concretas que protejan a los menores del conflicto armado. Porque al final, el futuro de estos niños no puede ser moneda de cambio en una guerra que no les pertenece.