Mientras el escándalo de corrupción envuelve a la Asociación de Municipios del Caribe, la Alcaldía de Santa Marta salió al paso con un comunicado para dejar clara su posición. La administración distrital buscó despejar las dudas que surgieron tras los señalamientos públicos que la vinculaban con Aremca, la cual está siendo investigada por un caso de corrupción de gran magnitud que involucra enormes recursos de regalías.

En su pronunciamiento, la Alcaldía fue tajante: "no hace parte de ninguna investigación penal ni ha sido vinculada a los hechos objeto de dichas actuaciones judiciales". La administración explicó que la designación de Aremca como ejecutora no fue un contrato estatal convencional, sino que se hizo conforme al Artículo 37 de la Ley 2056 de 2020, norma que autoriza a las alcaldías para designar ejecutores de recursos del régimen especial.

Según el comunicado, Aremca cumplió su labor de manera completa. La administración sostiene que "se cumplió en su totalidad y cuenta con los respectivos soportes, informes y actas que dan cuenta de su correcta implementación". Los números que cita la Alcaldía hablan de 3.260 computadores y más de 25.000 textos educativos distribuidos en 69 instituciones oficiales, beneficiando estudiantes tanto de zonas urbanas como rurales.

La administración también abrió la puerta para colaborar. Manifestó que está "a disposición para colaborar con cualquier autoridad competente, en caso de que se requiera información adicional en el marco de la transparencia institucional que guía esta administración".

Mientras Santa Marta intenta limpiar su nombre, la Fiscalía continúa su ofensiva judicial. La entidad investigadora avanza en la imputación de cargos contra nueve involucrados en la asociación, en lo que promete ser un proceso largo dada la complejidad y magnitud del escándalo.