La Defensoría del Pueblo acaba de entregar un diagnóstico preocupante sobre cómo transcurre el debate democrático en Colombia durante esta campaña presidencial. Aunque los candidatos mantienen un respeto formal hacia las instituciones (en niveles aceptables del 91%), el informe revela una realidad bastante más inquietante: la comunicación de las campañas se ha convertido en lo que el organismo describe como una "realidad tóxica" donde priman las descalificaciones, las acusaciones infundadas y la estigmatización del contrincante.

El análisis, que revisó más de 28 mil datos entre trinos, noticias y mensajes de campaña entre diciembre pasado y abril, muestra cifras alarmantes. Solo el 3,8% de los candidatos se compromete efectivamente con la información veraz, mientras que el 85,8% incumple con el uso de un lenguaje constructivo. El organismo encontró que los candidatos "usan adjetivos descalificativos y etiquetas para asociar a los rivales con prácticas criminales", lo que ha transformado el debate electoral en lo que la Defensoría llama "violencia discursiva". Esta situación ha generado una polarización donde el oponente político ya no se ve como un legítimo contradictor, sino como un enemigo que necesita ser eliminado del escenario público.

Lo más grave es cómo ha cambiado la naturaleza de la competencia política. En lugar de discutir propuestas y programas de gobierno, los candidatos "presentan al contrincante como un peligro estructural asociado al colapso de la patria o al autoritarismo". La Defensoría advierte que existe lo que denomina "certeza retórica": los aspirantes presentan hipótesis u opiniones personales como hechos comprobados, instalando narrativas de "ilegalidad, fraude o alianzas con grupos armados sin aportar una sola prueba o fuente contrastable". Prácticamente no hay rectificaciones cuando estos argumentos se desmoronan.

Existe una brecha enorme entre quienes firmaron el compromiso de campaña limpia y quienes se negaron. Las siete candidaturas que suscribieron el acuerdo con la Defensoría (Claudia López, Iván Cepeda, Luis Gilberto Murillo, Mauricio Lizcano, Roy Barreras, Sergio Fajardo y Sondra Macollins) alcanzan un nivel del 50% en calidad del debate, mientras que los seis que no firmaron (Abelardo de la Espriella, Carlos Caicedo, Ómar Gustavo Matamoros, Miguel Uribe Londoño, Paloma Valencia y Santiago Botero) apenas llegan al 2,2%. De los 73 casos de uso de adjetivos descalificativos y etiquetas estigmatizantes identificados, 64 provinieron de este último grupo.

Lo que inquieta más al organismo humanitario es la paradoja del discurso político actual. Los candidatos rechazan públicamente la violencia física y los atentados, pero simultáneamente emplean un lenguaje que descalifica y deshumaniza, debilitando así los principios que dicen defender. "Hacemos un llamado a las candidaturas a ejercer su libertad de expresión con respeto y responsabilidad", señala la Defensoría, advirtiendo que si esta tendencia no se frena, la violencia verbal corre peligro de escalar hacia actos de violencia física a medida que se acercan los comicios del 31 de mayo.

El informe de 28 páginas se basó en el análisis de 15.892 trinos de X, 12.292 noticias de medios nacionales y regionales, procesados con herramientas de inteligencia artificial especializada que filtró los 28.184 registros iniciales a 2.208 datos relevantes para un análisis detallado. Es, en síntesis, el retrato más claro hasta ahora de cómo se ha deteriorado el debate democrático en medio de una campaña que prometía ser diferente.